Junta ratifica admonición partidos por campaña a destiempo

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ratificó su comunicado de admonición que prohíbe a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos, organizar manifestaciones, mítines y reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral y después de cerrar el proselitismo.

Mediante la resolución 53-2023, el órgano electoral respondió la solicitud de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano (PRD), que manifestaron su oposición al comunicado de admonición emitido por la JCE el pasado 10 de agosto.

Sin embargo, la JCE no aplicará la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a las organizaciones políticas, ya que esta disposición fue declarada no conforme con la Constitución de la República, según la sentencia 0441-19 dictada el 10 de octubre de 2019, por el Tribunal Constitucional.

La Junta Central Electoral reafirmó lo previsto en el artículo 308 de la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral, les será aplicada una sanción administrativa de uno a doscientos salarios mínimos, a las organizaciones políticas, los candidatos y candidatas, sus representantes o jefes de compaña, que organicen manifestaciones, mítines y reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de ésta.

Asimismo, serán sancionados los partidos, agrupaciones o movimientos políticos, candidatos a candidatas que irrespeten los símbolos patrios o relativos a la Restauración de la República, sin perjuicio de lo dispuesto en Ley 210-19, que regula el uso de la Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Himno Nacional, símbolos patrios de la República Dominicana.

Facultad sancionatoria

El ordinal cuarto de la resolución 53-2023, indica que “la sanción prevista para las infracciones descritas podrán ser impuestas por la Junta Central Electoral en virtud de la facultad sancionatoria de que dispone, sin perjuicio de otras sanciones administrativas electorales que se encuentren contenidas en la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y la Ley No. 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que sean de la competencia de este órgano”.

Esta resolución del Pleno de la Junta Central Electoral fue evacuada poco después de que los partidos de oposición pidieron al pleno de la JCE apegarse a la Constitución de la República, las leyes electorales y los precedentes jurisprudenciales existentes.

De las sanciones

Ante violaciones a estas disposiciones, la JCE reitera que podrá aplicar la sanciones establecidas en el artículo 308 de la Ley 20- 23, Orgánica del Régimen Electoral, que «contiene infracciones administrativas electorales que tienen previstos una sanción administrativa de uno (1) a doscientos (200) salarios mínimos» y que figuran en el comunicado de admonición.

Estas infracciones administrativas son las de organizar manifestaciones, mítines y reuniones públicas «antes del inicio formal de la campaña electoral proclamada por la Junta Central Electoral y después del cierre de ésta» y cualquier violación a lo establecido en la , del 12 de julio de 2019, que regula el uso de la Bandera Nacional, el Escudo Nacional y el Himno Nacional.

Indica que esta sanción podrá ser impuesta «en virtud de la facultad sancionatoria que dispone, sin perjuicio de otras sanciones administrativas electorales que se encuentren contenidas en la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que sean de la competencia de este organo».

Se indicó que la resolución fue adoptada «por mayoría de votos y con el voto salvado de la miembro titular Dolores Altagracia Fernández Sánchez».

No se retendrán fondos

En cuanto a la posibilidad de retener los fondos públicos destinados por el Estado a los partidos políticos en caso de violentar las disposiciones de la precampaña, la JCE señaló que esta estipulación fue declarada inconstitucional.

«La sanción prevista en el párrafo III del artículo 44 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos relativa a la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a las organizaciones políticas, fue declarada no conforme con la Constitución de la República, según lo dispuesto en la sentencia número 0441/19, del 10 de octubre de 2019, del Tribunal Constitucional».

 

 

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