La Cámara de Cuentas suma ruido a la desafinada orquesta del gobierno
La Cámara de Cuentas ha sido una piedra de escándalo permanente desde que fue posesionada en febrero del 2021, fruto de otro escándalo, cuando a punta de fusiles fue allanada por fiscales, con la supuesta intención de rescatar una serie de auditorías que el anterior incumbente Hugo Álvarez Pérez, se negaba a entregar, bajo el supuesto de que ocultaban indicios, útiles para probar irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno peledeísta.
El Ministerio Público no solo cargó con los expedientes, sino que Álvarez Pérez y el resto de sus colegiados fueron sacados del organismo de control y nombrado en su lugar a un joven cuya principal prenda era la de ser un claro activista del PRM en Monte Plata.
El nuevo presidente, Janel Ramírez, quien de inmediato, de acuerdo a acusaciones que pesan en su contra en la Suprema Corte de Justicia, cual gallo de padre, se dedicó a corretear a sus subalternas, como si se tratara de gallinas en su granero, por lo que enfrenta un probable juicio político por delitos sexuales y laborales.
De ese modo la Cámara de Cuentas ha perdido autoridad y credibilidad, hasta para llevar las cuentas de un colmado, al punto de que en más de dos años que lleva el organismo sólo ha podido completar un seis por ciento de las auditorías que estaba supuesto a realizar.
Reza una expresión popular que «lo que comienza mal, termina mal», ya que la sustitución de Álvarez Pérez, por sí sola, era violatoria del más elemental precepto legal, pues la Cámara de Cuentas responde al Congreso Nacional, por lo que no podía ser dinamitada en la forma en que lo hizo el Ministerio Público, incluyendo meter sus manos para escoger sustitutos que respondieran a los intereses político-partidarios del actual gobierno.
No obstante, la actual situación de insostenibilidad de la Cámara de Cuentas es apenas un escándalo más que le suma ruido a la desafinada orquesta del gobierno, que no ha podido salir airoso en más de 15 iniciativas que se ha visto obligado a retirar, después de un amplio rechazo popular, que incluye un proceso por narcotráfico contra siete diputados, la extradiciones de varios de sus dirigentes, por este delito, y 30 supuestos casos de corrupción que el Ejecutivo trata de silenciar, ordenando la destitución o solicitándole la renuncia de sus incumbentes.
El Ministerio Público ha preferido no darse por enterado de lo que ocurre con estos funcionarios que debieron ser sacados de sus funciones en el gobierno y sometidos al suplicio judicial.
Instalada en abril del 2021, la Cámara de Cuentas, presidida por Janel Ramírez e integrada por Elsa María Catano de Ramírez, Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña prometía ser un organismo fiscalizador modelo por las credenciales que presentaban cada uno de sus integrantes.
Recientemente vimos a un zarandeado presidente afirmar que era un preso de confianza del pleno del organismo.
Que la Cámara aprobaba resoluciones en su ausencia, las cuales el firmaba, a sabiendas de que contravenía la Constitución y que su rendimiento había sido de solo un 6 por ciento de lo que debió rendir en situación de normalidad: «A confesión de las partes, relevo de pruebas»‘ dicen los abogados.
Pero ningún funcionario puede argumentar que padece una situación anómala de parte de compañeros de menor jerarquía, porque sería un acto de incompetencia frente al país y el gobierno que lo nombró.
Sin embargo, el país fue informado que días antes de la denuncia del presidente de la Cámara de Cuentas, se produjo una prolongada «reunión», con la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
Para el imaginario Público, el motivo de ese encuentro fue presionar a Ramírez para que apurara auditorías que revelaran supuestas irregularidades, esta vez no contra exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, considerando agotado para los fines políticos un nuevo expediente contra Medina.
No. Ahora les toca el turno a exfuncionarios de los gobiernos de Leonel Fernández, por la amenaza que este representa para una casi segura intención de repostularse del presidente Luis Abinader. En especial, se estaría interesado en perseguir al ingeniero Diandino Peña, responsable de las primeras líneas del exitoso Metro de Santo Domingo.
Para nada se ha mostrado interés por esclarecer denuncias de una supuesta sobrevaluación que casi triplica el precio del recién inaugurado teleférico de Los Alcarrizos, con relación al teleférico que construyó el gobierno de Danilo Medina en Sabana Perdida de Villa Mella.
El costo de la obra construida por Medina fue de 42 millones de dólares, contra 122 millones de dólares del de Luis Abinader, que se supone de menor costo, por ser este de menos longitud, con menos paradas y menor número de cabinas.
Pero mientras el Senado, la Cámara de Diputados y la SCJ deciden qué hacer para llevar paz al organismo responsable de fiscalizar las cuentas del gobierno, pasamos al Congreso de la Republica que no termina por dar respuestas al país sobre acusaciones de narcotráfico que pesan en contra de varios de sus diputados.
Ningún país que no sea República Dominicana tiene operando, sin el debido esclarecimiento Público, una Cámara de Diputados, con el alto número de miembros cuestionados por una actividad tan deleznable como el narcotráfico.
Figuran Rosa Amalia Pilarte, PRM por La Vega, esposa del también procesado por este delito Miki López, acusado de ingresar al sistema financiero 2 Mil 600 millones de pesos, por la venta de narcóticos.
También Miguel Gutiérrez Díaz, preso en una cárcel de Miami, pero que según noticias cobraba su salario en la Cámara baja y figura como votante en 20 proyectos de leyes de alto interés para el gobierno.
En el mismo expediente figuran el destituido director de Comunidad Digna Juan Maldonado y su esposa la diputada del PRM por El Seibo, Faustina Guerrero, mientras que de Santiago también del PRM, figura Nelson Marmolejos Gil, y Héctor Darío Feliz, PRD por Pedernales, en tanto que la exdiputada del PLD, Gladys Sofía Azcona, figura en el expediente acusada de movilizar 250 millones de pesos, frutos de las actividades de narcotráfico de la red.
El diputado del PRM Sergio Moya, en el pasado involucrado junto a su hermano en un escándalo por narcóticos, enfrenta un caso de extorsión a empresarios de apuestas, dentro del expediente denominado Calamar.
Sobre los casos de corrupción que involucra a unos 30 funcionarios, que tarde o temprano, deberán responder, lo trataremos en otras entregas.
Por lo pronto citaremos, entre otros, a los ocurridos en el Ministerio de la Juventud que le costó el cargo a su ministra Kimberly Taveras, al ex director de Titulación de Tierras Mérido Torres de Jesús, el ex viceministro de Interior y Policía Víctor Polanco Severino.
Además del exministro de Salud Plutarco Arias, por supuesta sobrevaluación de jeringuillas, cancelación del director del Instituto Técnico Comunitario José Altagracia Sánchez y el ex general Juan Carlos Torres Robiu, de la Dirección del cuerpo Especializado de Seguridad Turística.
También sucumbieron el exgerente general de EDEESTE, Tomás Ozuna Tapia y el Administrador de la Lotería Nacional, Miguel Maicechell Dicent, destituido por una mafia detectada en la institución, dentro de la llamada Operación 13.
De acuerdo a los indicios expuestos en el juicio, el asesinato del Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, a mano del amigo de infancia Miguel Cruz, el crimen tendría como telón de fondo, el supuesto adelanto de dólares para financiar la campaña del PRM, a cambio de lo cual aprobaría una serie de resoluciones que beneficiarían al victimario, «si el PRM coronaba ganando los comicios”, algo que no se cumplió y por eso el fatídico desenlace.
Otro escándalo se denunció en el Instituto Postal Dominicano que costó el cargo a su director Adán Peguero.
No obstante, les adelanto el escándalo que estalló a raíz de las supuestas irregularidades cometidas en el Plan «Pinta tu casa en Navidad», auspiciado por Proyecto Estratégico de la Presidencia, compromete a quien fuera su presidente José Leonel Cabrera (Neney).
Según el informe, unos 155 millones de pesos fueron distraídos en el programa, al colocar en miles de casas de barrios pobres una pintura de inferior calidad a la prometida en el programa, según el pliego de licitación que sustentó el programa.
De muy laxa frente a los escándalos detectados entre funcionarios del gobierno, ha sido calificada por la población, la actuación del Ministerio Público.