La CIDH sigue presionando al país por el tema haitiano
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, sugirió este jueves a las autoridades de la República Dominicana la posibilidad de crear una mesa para discutir la situación legal de los descendientes de inmigrantes haitianos en el país.
Mantilla hizo la sugerencia al final de una audiencia virtual de la CIDH. La que estuvo centrada en los derechos humanos de los migrantes haitianos y de sus descendientes en República Dominicana.
La mesa serviría “no para solucionar” los problemas, “sino para plantear posibilidades”. También, para aportar la experiencia de la CIDH en la aplicación de los estándares de respeto a los derechos humanos, dijo.
“La comisión quiere escuchar, conocer y aportar en esa línea”, manifestó Mantilla, después de agradecer al Estado dominicano por su “colaboración”, puesta de manifiesto por su participación a alto nivel en la reunión de hoy.
En la audiencia, los descendientes de haitianos denunciaron que se producen “obstrucciones” por parte del Estado dominicano. Esto en los procesos legales que atañen a los miles de personas que fueron despojadas de la nacionalidad dominicana en virtud de una sentencia judicial emitida en 2013.
Afirmaron que más de 35.000 personas que recuperaron la nacionalidad dominicana gracias a una ley de 2014 aún no han recibido su documento de identidad.
Esta situación les causa problemas para acceder a servicios públicos. Entre ellos de salud o de educación, y les expone al riesgo de ser deportados a Haití, según denunciaron.
Otro grupo compuesto por cerca de 8.000 personas que se acogieron a un plan de regularización para obtener la nacionalidad dominicana. Hay 7.149 personas a la espera de una decisión final por parte del Ejecutivo, a pesar de que el proceso concluyó en 2015.
Otras 800 personas de ese grupo recuperaron su nacionalidad dominicana por medio de dos decretos firmados entre 2020 y 2021. Pero hasta el momento ninguno de ellos ha recibido la documentación que acredite su nacionalidad, según denunciaron.
El embajador dominicano ante la OEA, Josué Fiallo, expuso los esfuerzos del Estado para regularizar a las personas afectadas por la sentencia de 2013. Además defendió que los planes de regularización se acoten a un plazo determinado. Por lo que rechazó que se mantengan de forma permanente.