La corrupción también corroe a la Procuraduría

Por Guillermo Tejeda

(Director Resumen Final Digital)

En la Procuraduría General de la República no solo ha operado una mafia para borrar las fichas a peligrosos delincuentes, sino que también para filtrar informaciones de investigaciones importantes que le han permitido a capos de las drogas y sicarios al servicio del crimen organizado, salir del país para evitar su captura.

Lo que ha revelado la denominada Operación Gavilán, es apenas un ladrillo de hielo del iceberg de la corrupción que ha estado enquistado en el organismo responsable de la persecución criminal en la República Dominicana, que ha comenzado a desprenderse con la investigación de la amenaza contra la doctora Miriam Germán Brito.

Sin embargo, por las calles andan verdaderos carniceros, jefes de bandas de narco-sicarios, involucrados en decenas de asesinatos, algunos de ellos extraditados desde Estados Unidos y Colombia, con los que la misma Procuraduría ha llegado a «acuerdos» tras incautarles bienes millonarios que de seguro serán recuperados por esos criminales, poniendo en marcha su industria de la muerte.

Sólo hay que preguntar lo ocurrido con uno de los sicarios más temidos de la Región Este, que ha estado al servicio de los dos más importantes capos de las drogas que operaban por esa zona, ambos cumpliendo prisión, detenido en Colombia, extraditado hacia Estados Unidos y liberado en la República Dominicana por obra y gracia de las propias autoridades que le atribuyen un rosario de crímenes y narcotráfico a gran escala.

La purulenta situación cobijada en la misma Procuraduría General ha sacado a flote que hay varios fiscales involucrados en la desaparición de los antecedentes penales de mafiosos, que borraron más de ocho mil registros a cambio de sobornos.

Sin embargo, en esa investigación, a todas luces se ha andado por las ramas, con el sometimiento de apenas doce empleados,fiscales y agentes policiales del menor rango.

Dice la solicitud de medida de coerción, que estos empleados y fiscales adquirieron bienes y servicios con el dinero producto de la eliminación o adulteración de registros penales en todo el país.

Igualmente, que realizaron transferencias millonarias adulterando los conceptos de las transferencias para disfrazar el objeto ilícito de la misma.

La mafia se extendía hasta Santiago, que se ha convertido en un centro de las operaciones de redes del narcotráfico y lavado de dinero, apresando la fiscalía a cuatro de sus servidores, según admite su titular Osvaldo Bonilla.

Hasta el momento solo se ha actuado contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información de la Procuraduría General; Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.

También se sometió a los empleados de la Procuraduría General Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el policía Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.

Quizás el «gavilán», que tiene excelente vista desde las alturas, no se ha dado cuenta de que estos empleados tienen superiores que no pudieron estar al margen de sus operaciones fraudulentas, en un caso que ha evidenciado que la Procuraduría General de la República no está al margen de la corrupción que persigue con tanto eficiencia fuera de sus despachos.

En ese esfuerzo se les ha olvidado a los jefes del Ministerio Público, barrer también en su casa, antes de quejarse por la basura de sus vecinos…

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