La DGII limita pagos en efectivo operaciones comerciales

También pone límites a los Notarios

Por Jeannette Kranwinkel

En una controversial resolución, la  Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha prohibido realizar pagos en efectivo por operaciones comerciales que tienen que ver con inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas preciosas, obras de artes y juegos de azar y también limita el ejercicio de los abogados notarios.

Se trata de las normas 06-2022 y 07-2022 que regulan las “constancias fehacientes” de pagos en los trámites de vehículos de motor y remolques y por los notarios públicos, conforme a la ley 155-17 que trata sobre el lavado y financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Los abogados notarios tendrán las cosas más difíciles con las nuevas normas publicadas este martes por la DGII

De acuerdo la DGII, el artículo 64 de dicha ley “prohíbe a toda persona, física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas y billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos conforme los umbrales indicados en el mismo texto legal”, indica un comunicado de la institución.

Agrega que el párrafo II del citado artículo 64 que dispone que tanto “los notarios públicos, como los registradores, incluyendo los registradores mercantiles, deberán abstenerse de instrumentar o registrar cualquiera de las operaciones en efectivo, prohibidas en ese artículo, a menos que se le entregue constancia fehaciente del medio de pago”.

Indica que la ley prohíbe pagos en efectivo desde los RD$250,000 hasta RD$1,000,000 en diferentes operaciones comerciales que tienen que ver con inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones, joyas preciosas, obras de artes y juegos de azar.

Por tanto, la DGII se abstendrá de registrar trámites con valores superiores a los umbrales a menos que se presenten constancias indudables de pago, precisa.

Las normativas entrarán en vigor en un plazo de 180 días a partir de su publicación y concretizan un mandato de ley que evoca en la transparencia del sistema de prevención

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