La Finjus le hace juego al gobierno en intentos censura
La FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia continúa haciéndole el juego al gobierno en todas sus iniciativas, sin importar que vulneren derechos.
Ahora se han sumado a quienes apoyan el controversial Proyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, remitido al Senado de la República por el Poder Ejecutivo, a todas luces un instrumento para censurar las voces disidentes.
Servicio Tulio Castaños Guzmán, la cabeza visible de la FINJUS, que es una institución que tiene como principal sustento al principal banco privado del país, considera que este instrumento jurídico está alineado con la realidad actual del país y que su estructura normativa refleja un «esfuerzo por ofrecer un marco legal coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos”.
La FINJUS destaca que la libertad de expresión e información, consagrada en el artículo 49 de la Constitución, es un derecho esencial en toda sociedad democrática, ya que no solo garantiza la libre manifestación de ideas, sino también el acceso a información veraz y oportuna.
“Desde la FINJUS valoramos profundamente la propuesta legislativa contenida en el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión y remitida al Senado por el presidente de la República”, manifestó.
Explicó que la redacción del anteproyecto se caracteriza por su precisión terminológica y por evitar ambigüedades, un aspecto crucial en una materia tan sensible como lo es la libertad de expresión, cuando en realidad es todo lo contrario.
Además, que su contenido reconoce de manera explícita que este derecho no es absoluto, sino que debe ejercerse en armonía con otros derechos igualmente protegidos, como el honor, la intimidad, la dignidad y la moral, especialmente en lo que concierne a niños, niñas y adolescentes.
Considera que el proyecto de Ley aborda de manera puntual el papel de las plataformas digitales en la difusión de contenidos, reconociendo su creciente influencia en la formación de opinión pública y en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, que se establecen disposiciones orientadas a garantizar la responsabilidad de las plataformas digitales, sin comprometer el carácter abierto y plural de estos espacios.
Continúa detallando que introduce un marco normativo que regula la protección de datos personales y la prevención de la desinformación, procurando siempre mantener el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de otros derechos fundamentales.
“Es particularmente destacable el tratamiento que se otorga a las amenazas que enfrentan los menores en el entorno digital. La legislación propuesta presta especial atención a estos desafíos, integrando medidas que buscan preservar la integridad física, emocional y moral de este grupo vulnerable” .