La impunidad en los casos de abusos policiales

Una práctica que se creía superada con el tiempo, pero que sigue ocurriendo en pleno proceso de «transformación» de la Policía Nacional, es la muerte de detenidos en los detacamentos y en manos de las patrullas que detienen ciudadanos y los abandonan sin vida en las emergencias de los hospitales.
El más reciente bochorno policial ocurrió en Santo Domingo Oeste, en un nuevo capítulo de los excesos que se siguen multiplicando en la institución del orden ante la falta de sanciones drásticas contra los responsables de los abusos a pesar de que están más que documentados en videos virales que se esparcen a través de las redes sociales.

Sin embargo, al igual que otros hechos similares, la jefatura de la Policía ha minimizado el escándalo, limitándose a una simple declaración prometiendo las desacreditadas investigaciones que casi siempre terminan sin sanciones acorde con el delito cometido por los agentes.
Jhon Kohr Reyes, salió de casa caminando, pero lo abandonaron muerto en una silla de ruedas en la que fue trasladado al hospital de Engombe, en Herrera.
Una patrulla lo apresó en las redadas indiscriminadas que se han puesto en práctica en los últimos años, un mecanismo que siempre se le ha criticado a la policía, en las que se llevan a mansos y cimarrones.
Fue en el barrio Enriquillo donde residentes observaron el accionar de los agentes que le descargaron sus pistolas eléctricas al cuerpo del joven el pasado 21 de febrero y esa misma madrugada su cadáver fue retirado por el Inacif de la morgue del hospital universitario.
El informe lo conforma el propio centro asistencial que da cuenta del reporte médico indicando que el jovencito Reyes llegó a la emergencia en un estado de rigidez cadavérica.
La constancia médica detalla que el joven, de 22 años, no respondió a estímulos verbales ni dolorosos. Además, al momento de la valoración, se encontró que no tenía presión arterial, no se detectaban pulsos carotídeos ni en las extremidades, y sus pupilas estaban completamente dilatadas.
La evaluación también reveló que al realizarle el electrocardiograma, este mostró una línea isoeléctrica, lo que confirmaba que Reyes ya había fallecido antes de llegar al centro médico.
En el Hospital de Engombe, al percatarse de la situación, contactaron al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, cuyo personal se presentó 40 minutos después de la llegada del cadáver. A su vez, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) retiró el cuerpo el mismo día, el 21 de febrero, pasado el mediodía.
La madre de la víctima, la señora Ana María Reyes, buscó durante una semana a su hijo en los destacamentos policiales de la zona, pero ninguno supuestamente tenía conocimiento de su detención.
Se trató de ocultar la verdad a la madre que dió con el cadáver de su hijo en una morgue, con el agravante de que es sometida a amenazas para que no denuncie la situación.
En los últimos meses han fallecido detenidos en varios destacamentos policiales, pero las medidas dispuestas por la jerarquía de la institución han sido tan débiles que no han frenado los excesos que siguen desacreditando el proceso de reforma.
El presidente Luis Abinader, quien da seguimiento todos los lunes a los «avances» de la Reforma y el Plan de Seguridad Ciudadana, no se ha referido públicamente a estos abusos contra ciudadanos que nos remontan a etapas desgarradoras para las familias dominicanas que perdían a sus familaires en manos de los agentes por las golpizas propinadas en cuarteles que no tienen nada que envidiarle a los centros de torturas.