La Justicia y la Policía de RD bajo fuerte cuestionamiento

Un fuerte cuestionamiento al sistema de justicia y al accionar de la Policía Nacional está haciendo la sociedad dominicana ante el caso de los dos jovencitos que fueron acusados inicialmente como los responsables del asesinato de la joven Paula Santana Escalante, quienes fueron confinados por unos siete meses en prisión para luego ponerlos en libertad al comprobarse que nada tuvieron que ver con el hecho de sangre.

Ahora que dicen las autoridades que tienen a otro acusado, quien habría confesado el crimen, han salido relucir detalles sobre como la Policía y los fiscales obtuvieron declaraciones de Alex Cruz Díaz y Joaquín Hidalgo.

La tortura a la que fueron sometidos por los «investigadores» policiales en medio del proceso de reforma de la institución, caracterizaron las pesquisas, revelando los dos jóvenes viejas prácticas que se creían superadas para obligar a los detenidos a admitir hechos que nunca cometieron.

Pero en un país donde se vulneran a diario los derechos ciudadanos, ni las autoridades que le privaron de su libertad durante casi un año, se han pronunciado para resarcir su error.

Durante su encierro en la cárcel de San Pedro de Macorís, aseguran haber sido víctimas de torturas físicas y psicológicas. Uno de ellos narró que en una de las dependencias policiales fue golpeado, esposado con violencia y sometido a interrogatorios bajo condiciones degradantes, mientras se le acusaba sin pruebas. “Me pusieron cinco fundas negras en la cabeza. Me daban trompadas en el estómago, me decían que me iban a matar”,  recordó uno de los imputados.

Ambos hombres denuncian que nunca recibieron una disculpa formal ni por parte de la Policía Nacional ni del Ministerio Público, y que durante el proceso fueron expuestos públicamente por medios de comunicación que, aseguran, los condenaron sin juicio.

“Perdí amistades, perdí mi trabajo, y en la calle la gente me mira con desconfianza. Mi reputación no va a volver”, dijo Joaquín Hidalgo.

Pese a su liberación por falta de pruebas, aseguran que las consecuencias han sido devastadoras: no consiguen empleo, no les otorgan certificados de buena conducta, y enfrentan rechazo social.

Ahora, junto a sus abogados, buscan vías legales para que el Estado reconozca los daños patrimoniales, morales y a su dignidad. Evalúan una posible demanda en busca de compensación por haber sido privados de libertad sin fundamentos sólidos.

“El Ministerio Público debe hacer definitivo el archivo del caso contra ellos. Si no, accionaremos legalmente”, advirtió su representante legal.

El nuevo implicado en la muerte de la joven Paula Santana Escalante, quien según la Fiscalía confesó haber cometido el crimen, trabajaba junto a ellos, lo que -según los jovenes liberados, – provocó que inicialmente fueran arrastrados a la investigación sin pruebas concluyentes.