La Policía bajo fuego de cañones

Por Miguel Ángel Núñez.

De manera recurrente la imagen de la Policía Nacional dominicana se ve profundamente zarandeada, en ocasiones con fuego nutrido proveniente desde fuera y otras veces por un comportamiento delictivo de sus agentes, en perjuicio de los ciudadanos que la Constitución le ordena proteger.

De todos modos vale resaltar que cada vez que se presenta este bombardeo granado contra la institución, el gobierno de turno saca, como mago de su sombrero, una propuesta de reforma policial.

La última fue tan pírrica que a penas alcanzó para definir como Director al que antes era llamado Jefe de la Policía. De ñapa, como dice al pueblo, ordenó reducir el número de generales que holgazaneaban sin funciones, cobrando un sueldo como pago a su laborantismo y alguna migaja que aportó al candidato que resultó ganador de los comicios.

El asesinato de la pareja de pastores en Villa Altagracia, en los primeros días de asumir el gobierno de Luis Abinader, dio lugar a que se convocara una comisión de “expertos”, con más buenas intenciones que conocimiento en la materia, con la encomienda de elaborar un plan de seguridad y combate a la delincuencia.

De esa acción criminal que culminó con un coronel y varios agentes prisioneros surgió una propuesta de reforma que fue dada a conocer tan pronto estalló el bochornoso crimen del predicador David de los Santos y la muerte de otros detenidos, en San José de Ocoa y Santiago, luego de ser encerrados en destacamentos de la institución. Casualidad o coincidencia que ambos sucesos involucran a religiosos.

El gobierno dominicano se empeña en sacar, aunque utilizando fórceps, una reforma policial que ataca muy poco los motivos que impiden la existencia de una policía más eficaz que la que tenemos.

Antes habría que establecer qué hará el gobierno para impedir que más del 50 por ciento de unos 37 mil agentes con que cuenta la Policía, estén prestando servicios en residencias de políticos, empresarios, artistas, manejando carritos de supermercados de amantes de funcionarios. Este último, una doble ofensa ya que se trata de agentes que no tienen para llevar una cena para su familia.

Donde están las promesas de dignificar con salarios, seguros médicos, planes de viviendas, programas educativos, equipos y uniformes de los agentes.

Pero además, cómo evitar que la eficiencia, precisión y efectividad de la Policía dependa de la voluntad política del momento, de modo que dependiendo quien sea la víctima así será la rapidez y precisión con la que esta actúa.

Recuerdo el atentado ocurrido en el 2010 que casi cuesta la vida al hijo del conocido abogado de Santiago Negro Veras. Sólo cuando este se presentó ante el entonces presidente Leonel Fernández y proclamó el mandatario que un caso de tal envergadura no debe quedar impune, en menos de diez horas ya estaban presos los autores, con grabaciones en video, planificando y ejecutando del hecho de sangre. Ni el Scotlandyard actuó con mayor profesionalidad y celeridad.

Por el contrario, la sociedad y los familiares del teniente Guillermo Antonio Tejeda Kranwinkel, asesinado el 3 de marzo del 2008, esperan una respuesta mínima de los organismos de investigación y la justicia, sobre quienes ejecutaron al joven oficial, a 15 años de ocurrido el brutal crimen.

Entones una reforma policial debe garantizar que los servicios de seguridad y protección, para los que paga la Policía, sean igualitarios para todos los ciudadanos.

También se cuestiona cuándo es que la Policía va a aplicar un escalafón por méritos, de modo que los ascensos y los incentivos se apliquen por desempeño de su trabajo, no en base a otro tipo de condiciones.

Se trata de un cuerpo armado, en el que la población va perdiendo su confianza. Nadie se siente cómodo al presentarse a reclamar alguna atención y mucho menos cuando es conducido detenido por alguna razón.

Mientras tanto lamentar que dentro de la Policía hayan cientos de técnicos especializados, desocupados, en espera de una oportunidad para probar su talento y capacidad de servicio, que se sienten ignorados por las reformas periódicas que se ponen en marcha, a causa de los grupos que controlan cada acción que acomete.