La política penitenciaria del gobierno se quemó en La Victoria
Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final de Noticias)
A estas alturas de la tragedia provocada por un incendio de dudosos orígenes, el pasado 18 de marzo, el país desconoce lo que realmente ocurrió en la Penitenciaría de La Victoria y el número creíble de presos calcinados por las llamas en medio de la desesperación de unas celdas donde los candados nunca fueron abiertos.
Este hecho ha puesto al desnudo el fracaso de la política carcelaria de la presente gestión de gobierno y el grave error cometido por la Procuraduría General de la República de mantener cerrada como «cuerpo del delito», la moderna infraestructura penitenciaria de Las Parras a pesar de la urgente necesidad de descongestionar La Victoria.
Pudo más el ego personal y los ánimos de venganza, que la sensatez en medio de una situación comparada con una bomba de tiempo que en cualquier momento podría detonar.
Los hechos han confirmado el secreto a voces del desorden imperante en La Victoria, con sucesivos escándalos que no inmutaban a las autoridades correspondientes que ahora se muestran «alarmados» y que deben cargar con el peso de las muertes ocurridas en ese penal.
La procuradora Miriam Germán Brito, que vino a referirse a tan lamentable caso días después, en una insípida rendición de cuentas, se limitó a designar un «gabinete» integrado por las mismas personas que tienen una gran cuota de responsabilidad en esa tragedia.
Luego el presidente Abinader, adicto a las comisiones para evadir las responsabilidades de su gobierno en los escándalos provocados por la incapacidad de sus funcionarios, ha buscado el auxilio de personalidades como el doctor Jorge Subero Isa para sacar el lastre de un barco penitenciario que se hunde en un mar de corrupción en el que los tiburones han devorado la dignidad de miles de personas almacenadas en un lugar que debió estar demolido.
Un gran desafío para el doctor Subero Isa, cuya reputación salió ilesa tras dirigir por espacio de catorce años la Suprema Corte de Justicia y quien había retornado a su oficina profesional y a darle más calor a su querida esposa, hijos y nietos.
En la desesperación, el presidente Abinader ha tenido que llamar a su seno a Roberto Santana, apartado como Asesor Honorífico Penitenciario, precísamente por denunciar la mafia en La Victoria que le dejaba la astronómica suma de 7 millones semanales a sus comandantes, designados por la jefatura de la Policía Nacional, que tiene la responsabilidad de la seguridad de La Victoria.
Lo cierto y muy lamentable es que la política penitenciaria (si la hubo) del presidente Abinader se ha quemado junto con el número indeterminado de presos que murieron en ese incendio, en un desastre que puso en evidencia la Iglesia Católica en uno de los capítulos del Sermón de las 7 Palabras, en el que critica el drama de la indiferencia y exhorta al perdón por un sistema que no garantiza dignidades.
El tiempo se encargará de pasar factura a los responsables por acción u omisión de esta crisis que ya tocó fondo en nuestro sistema carcelario, provocando cargos de conciencia (si es que tienen) en los funcionarios que profundizaron este mar de corrupción, que por siempre estarán salpicados por las cenizas de los hombres, en su mayoría jóvenes, devorados por las llamas y que nunca recibieron el auxilio oportuno de las autoridades, encargadas de garantizar su seguridad convertidos en verdugos del infierno.