La procuraduría de brazos cruzados ante escándalo semáforos

El Ministerio Público se ha mantenido de brazos cruzados ante el escándalo de los semáforos y la empresa Transcore Latam, a la que se le canceló el registro en Compras y Contrataciones por irregularidades en el proceso de licitación.

La situación ha llegado más lejos, al comprobarse que hasta el apagón de los semáforos la semana pasada, esa empresa se mantenía dando servicios en el Intrant.

Ahora la  Dirección de Contrataciones Públicas se despacha indicando que no ha presentado personas imputadas en el caso de las alegadas irregularidades que involucra a la empresa Transcore Latam y al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Compras y Contrataciones se limitó a depositar los hallazgos de las irregularidades en la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, pero sin citar nombres.

En noviembre de 2023 el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, recibió las documentaciones que avalan la anulación de la licitación de parte de Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.

Al momento de la anulación del proceso de licitación entre la empresa Transcore Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el director de Compra y Contrataciones mencionó los nombres de Pedro Vinicio Padovani Báez, Jorg Brikmeyer, José Angel Gómez Canaán y Julio César Martínez Lantigua.

El escándalo causó que el entonces director del Intrant, Hugo Beras, solicitara una licencia sin disfrute de sueldo al presidente Luis Abinader, pero pocos días después fue sustituido por el coronel del Ejército de República Dominicana Randolfo Rijo, que fue designado mediante decreto 578-23 de manera interina.

El contrato envuelve un monto estimado en 1,317 millones de pesos y al momento de su anulación presentaba una ejecución de un 65 %, de acuerdo con datos ofrecidos por Carlos Balcácer, abogado de los contratistas.

Pero a pesar del dinero del Estado envuelto en este escándalo, la procuraduría general de la República no ha hecho los movimientos mediáticos acostumbrados para perseguir a los responsables del fraude.

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