Las lecciones de la operación Calamar y otras especies del mar

Ningún crimen prohíja mayor capacidad de maldad en la persona y en la sociedad que el narcotráfico: Sus efectos incluyen asesinatos, secuestros, violaciones, violencia social e intrafamiliar, desestabilización de gobiernos, ni decir de los efectos nocivos a la salud de quienes consumen las drogas que trafican, y por ende la destrucción de los hogares que caen en las garras de este mal. No sería una exageración concluir que el narcotráfico es el catalizador más determinante de la criminalidad en los últimos dos siglos.

 

Esta reflexión viene a propósito de que nuestras instituciones, a pesar de los perjuicios que este crimen genera, se muestran ineficaces para contrariar el auge que éste ha tenido, sin excluir el impacto en la actividad política.

 

Observe que en medio del torbellino de informaciones que generó el sometimiento de exfuncionarios del pasado gobierno, en especial el procesamiento a tres de las principales figuras del gobierno de Danilo Medina, en la llamada Operación Calamar: José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, se coló la información de que seis diputados del PRM enfrentaban procesos vinculados al narcotráfico.

 

A pesar de lo grotesco del caso, el dato no provocó ni un mínimo asombro entre sus colegas, y otros, cuya responsabilidad es garantizar un mínimo de decencia y seguridad de los ciudadanos.

 

En su horizonte solo cabe el propósito de desarticular a su principal opositor que es el PLD.

Jamás promoveré el que ningún funcionario reciba recursos, fruto de la extorsión a dueños de bancas de apuestas, rifas de aguante, casinos y comisiones cobradas a personas a las que el Estado le debía altas sumas de dinero, fruto de la venta de terrenos adquiridos para la construcción de obras de interés público, dinero que, según el ente acusador, iba destinado a respaldar las candidaturas de los peledeistas.

 

Aunque por los años vividos sé que ningunos de estos delitos son nuevos en el país, -no por eso justificables-, en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, eran recurrentes las denuncias de la oposición de que se financiaba la reelección con este tipo de cobros.

 

Les decía que, en medio de cantidades industriales de tinta y papel de periódicos, horas de televisión y radio, tratando el asunto, se confirmó que los seis diputados del PRM, que enfrentan procesos de narcotráfico, habrían comprado los votos, suyos y de sus compañeros a «papeletazos limpios».

 

Ahora que el Ministerio Público enfatiza en el adecentamiento del financiamiento de la campaña política de los candidatos y se abren las compuertas para que sean procesados estos ex funcionarios, por supuestamente esquilmar con miles de millones de pesos a personas dedicadas a las actividades arriba citadas, creo oportuno señalar que el Ministerio Público tiene la oportunidad de casarse con la gloria y probar su legítima independencia, si amplía el espectro de las actividades delictuosas que solventan la actividad política.

 

Dicho en el lenguaje que practica el pueblo llano, «si abre los macutos de donde sacan muchos candidatos sus recursos de campañas», como es el caso del narcotráfico.

 

Uno de los más emblemáticos es el del diputado Miguel Gutiérrez, preso en Estados Unidos, acusado por la DEA de ser uno de los principales suplidores de cocaína al mercado norteamericano, en compañía de cuatro de sus primos, también conocidos activistas del PRM en Santiago.

 

De acuerdo a datos de toda la prensa «Gutiérrez compró todos los votos que precisaba para ganar su curul, según testimonios que difundió por las redes sociales el mismo imputado, quien se vanaglorió de desembolsar altas sumas de dinero para impulsar a todos los candidatos a cargos electivos que presentó el PRM en esa provincia.

 

Se afirma que en sólo tres meses de campaña electoral Gutiérrez obtuvo 21 mil 177 sufragios; 5 mil 303 votos por encima de su más cercano competidor, el peledeista Víctor Suárez.

 

No menos parecido es el caso de la hoy diputada Rosa Amalia Pilarte del PRM por La Vega, quien obtuvo 15 mil 703 votos, apenas superada por Agustín Burgos Tejada quien logró 17 mil 365 sufragios.

 

De esta diputada, según acusaciones en su contra, junto a su esposo Miky López y varios de sus hijos, manejaban un emporio de miles de millones de pesos, con helicópteros y autos deportivos, dedicados al tráfico de drogas sintéticas y lavado de dinero. Ambos enfrentan cargos por estas actividades y medida de coerción, las cuales burlan a su antojo, realizando viajes a resort del Este del país.

 

Tanto Gutiérrez (supuestamente mentalmente trastornado en una cárcel de EE.UU.), como Pilarte, no sólo sufragaron sus respectivas campañas, sino que al igual que el presidente del PRM en las Lagunas de Padre Las Casas, en Azua, Yamil Abreu Navarro, también extraditado por tráfico de heroína a New York, como parte del temido cártel de Sinaloa, eran muy generosos para respaldar las candidaturas de otros compañeros candidatos del PRM.

 

Toda la sociedad dominicana ha visto con beneplácito que el Ministerio Público sancione con toda su energía a quienes, utilizando distintas maniobras, obtuvieron más de 19 mil millones de pesos que sirvieron para impulsar las candidaturas presidenciales, diputados, senadores, síndicos y otros cargos del PLD.

 

Pero al mismo tiempo ve con preocupación que estos procesos se desarrollen de manera selectiva, como hasta el momento evidencia el Ministerio Público, ignorando de manera sostenida los vínculos que conocidos personajes del narcotráfico, pudieron establecer con candidatos a cargos electivos, muchos de los cuales ganaron impunemente sus posiciones, sin que ni la JCE, ni la justicia, ni ningún organismo represivo se lo impidiera, como en su momento demandó el doctor Francisco Domínguez Brito.

 

El uso de los llamados delatores premiados es otro recurso que el sistema de justicia está llamado a revisar.

 

No es justo que el Ministerio Publicó se apoye en testimonios de sujetos de escasa valía, solo para lograr medidas de coerción de 18 meses para los imputados, ya que en el juicio de fondo ningún juez compra sus argumentos, sin la debida presentación de pruebas.

 

Sobran los casos, en República Dominicana y en cualquier parte del mundo de fracaso en este tipo de atajo judicial para lograr condenas.

 

El caso Odebrecht que tenía ramificaciones internacionales colapsó por falta de pruebas convincentes. Lo propio ocurrió con el expediente de soborno en la compra de los aviones Súper Tucanos, cuya prueba de los hechos que le imputaban brillaron por su ausencia.

 

Pero si nos vamos a la historia, ni siquiera contra el conocido mafioso de Chicago Al Capone, en los años 30, se logró una condena en base a delatores premiados de su propia organización, por los delitos de proxenetismo, tráfico de alcohol y crimen organizado, teniendo los fiscales que recurrir a un expediente por evasión de impuestos, para finalmente sacarlo de las calles y penar una culpa en la cárcel de Alcatraz, donde finalmente falleció de sífilis.

En el caso Calamar contra exfuncionarios peledeistas, se fundamenta en testimonios como el del abogado y político Ángel Lockward, quien camino al calabozo de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva lanzó una andanada de ataques contra el Ministerio Público, alertándole que «si yo di dinero no fue al Penco, porque yo soy contrario al PLD. Si lo hice, con mi propio dinero, obtenido de manera limpia, fue para apoyar a Luis».

El Ministerio Público terminó negociando una condena benigna que lo envía a su casa, sin saber si «se habría tragado sus propias palabras».

 

Otro delator premiado fue Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), quien alegó haber entregado 4 mil millones de pesos al ex candidato peledeísta, Gonzalo Castillo, para sustentar su proyecto político.

 

Para no alargar el tema, el tribunal dictó prisión domiciliaria contra Castillo, en cambio, irónicamente, Mimilo, fue enviado a disfrutar la «dolce vita», entre vinos caros en los casinos madrileños.

 

Como premio a su testimonio contra el conocido empresario de la aviación y dirigente del PLD, que hoy guarda prisión domiciliaria, tanto el caso Calamar como otros bautizados con el nombre de especies de la fauna marina, en la historia política y judicial del país se abre un precedente importante de cuasi judicialización de la política, dando lugar a lo que sucedía en la era post revolución francesa de 1789, con expresiones que ajustan como pies en el zapato: «cuando se apela a las guillotinas, no hay cabeza segura sobre hombros».