Los argumentos del abogado fiscal del Pepca extorsionó testigo Caso Senasa
El abogado Valentín Medrano, quien ha asumido la defensa del fiscal del Pepca acusado de recibir sobornos para alterar el curso de investigaciones de corrupción, no quiere que lo envíen a la cárcel alegando que tiene «arraigo» y cuestiona el procedimiento para su apresamiento que define como un «entrampe» ilegal del propio Ministerio Público.
Se refiere al expediente que le atribuye a su cliente solicitar inicialmente 200 mil dólares, un vehículo de lujo y un reloj Rolex, reduciendo posteriormente la supuesta exigencia a 150 mil dólares a un testigo en el caso de corrupción de Senasa.
En ese contexto, el Ministerio Público sostiene que recibió un adelanto de 10 mil dólares, dinero que habría sido entregado de manera controlada y marcado, lo que permitió su arresto en flagrante delito.
Sin embargo, los miles de dólares fueron encontrados en el vehículo asignado al fiscal en el sótano de la procuraduría general de la República.
Uno de los puntos centrales de la defensa gira en torno a la supuesta entrega de dinero marcado.
Medrano aseguró que, en un proceso de este tipo, el Ministerio Público debió informar previamente al juez sobre la realización de una entrega controlada, incluyendo los detalles de los billetes.
El abogado insistió en que no existe evidencia documental que sustente que el dinero estuviera marcado, pese a que el Ministerio Público lo afirma en su narrativa.“¿Dónde están las marcas de ese dinero? Eso no existe. Eso es falso”, alegó Medrano.
Asimismo, cuestionó el procedimiento de arresto, señalando que el mismo podría estar viciado si se demuestra que hubo irregularidades en la fase previa de la investigación.
Medrano introdujo como eje de la defensa la figura del “entrampe”, una práctica prohibida en el derecho penal, que consiste en inducir a una persona a cometer un delito que no habría cometido por iniciativa propia.
“Si hay un entrampe, hay una violación flagrante a la normativa procesal penal, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial”, explicó.
De acuerdo con su planteamiento, el Estado no puede participar en la creación de un delito con el objetivo de sancionarlo posteriormente, ya que eso constituiría una forma de instigación ilegal.
En ese sentido, cuestionó la actuación del Ministerio Público al señalar que, si ya tenía conocimiento de un supuesto delito, debió proceder conforme a la ley sin necesidad de inducir situaciones.