Los diputados tránsfugas comienzan a dar frutos al gobierno
El gobierno comenzó a sacarle provecho a los congresistas que protagonizaron el más reciente acto de transfuguismo político, en medio de un ambiente electoral, utilizándolos para aprobar el controversial y cuestionado contrato de renegociación con Aerodom que entrega los aeropuertos del Estado por más de tres décadas a un consorcio de capital francés.
Los votos que permitieron sancionar en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tenía los números para pasarlo, fueron de legisladores que abandonaron el opositor PLD y que hasta hace poco se pronunciaban en contra del endeudamiento externo.
El contrato firmado por el presidente Abinader y los ejecutivos de Aerodom para la extensión de la administración de aeropuertos fue aprobado con 101 votos a favor y 38 en contra, de legisladores opositores.
El quórum lo hicieron los nuevos oficialistas, de quienes se dicen que para que asistan a la sesión tuvieron que traerlos de sus comunidades hasta en helicópteros.
Resulta que para formar quórum en la Cámara Baja, se requiere un mínimo de 96 legisladores; o sea, que el PRM y sus aliados del Partido Reformista y otras entidades, contaban solo 93 votos.
Fue gracias a la suma de los salidos del PLD que se llegó a los 101 votos para refrendar el acuerdo en única lectura.
Se trata de los legisladores juramentados en el PRM, y que votaron a favor del proyecto: Eddy a Montás, Carlos Sánchez y Fabiana Tapia Valenzuela. También Benedicto Hernández, quien se pasó a Justicia Social, aliado al partido oficial.
También los expeledeistas que dicen ser independientes: Víctor Suárez, Lupe Núñez, Gaddis Corporán y Sandra Abinader.
Si los expeledeistas se hubiesen abstenido, junto a los 38 que votaron en contra, entonces, la historia hubiese sido otra, pues sumaban 56 y quedaban 93, insuficientes para el quórum y automáticamente se caía la sesión.
Como no ocurrió así, los 38 legisladores PLD-FP, José Horacio Rodríguez, de Opción Democrática, decidieron no abstenerse y votar en contra.
Se recuerda que en esa sesión no se permitió discutir ni leer el contrato que tiene unas 700 páginas, aprobándose a toda prisa la iniciativa procedente del Palacio Nacional.