Las ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes policiales siguen desacreditando el proceso de reforma de la Policía Nacional y cuestionando el papel del presidente Luis Abinader que lo dirige y asiste religiosamente cada lunes a dar seguimiento a un Plan de Seguridad Ciudadana cuyos frutos están muy lejos de alcanzarse.
Lo ocurrido esta semana en La Barranquita, de Santiago, donde cinco jóvenes fueron abatidos a tiros por agentes del Dicrim, ha confirmado la tradicional cultura policial caracterizada por los excesos y violación flagrante de los derechos humanos.
El accionar de «tira y luego investiga» enraizada en la Policía Nacional, no ha cambiado en el proceso de reforma que tiene unos cinco años, acentuándose los alegados intercambios de disparos que en lo que va de año han dejado un saldo de 170 ciudadanos muertos, en su mayoría muy jóvenes que son tildados de «delincuentes».
Organismos de defensa de los Derechos Humanos señalan que estas ejecuciones superan ya por mucho las que se registraron el año pasado (2024), sin que se hayan adoptado medidas para desterrar esta práctica.
En Santiago ocurrió la más reciente masacre policial en la que el Dicrim mató a cinco hombres y se ha determinado que entre ellos hay personas sin ningún tipo de antecedente criminal, como el barbero José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, quien estaba en su labor ejecutando la policía también a una persona que estaba sentada en el sillón recortándose.
Como siempre, el jefe policial, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, ha prometido una investigación, aunque ahora admitió que entre los muertos en La Barranquita no todos tenían fichas.
Advirtió que si se comprueba un exceso en el uso de la fuerza, los oficiales involucrados deberán responder ante la justicia, una declaración en la que muy pocos creen por la impunidad que se ha observado ante otros hechos similares.
