Marchan hacia Palacio por tierra los Peregrinos El Seibo

Nuevamente los peregrinos de El Seibo marchan hacia el Palacio Nacional exigiendo la entrega de la “tierra prometida”.

Los campesinos seibanos reclaman predios de los que fueron desalojados en el 2018 en la comunidade de Vicentillo.

Más de 300 campesinos que fueron desalojados de sus tierras el 6 de septiembre del 2018, en San Francisco Vicentillo, comunidad La Culebra de El Seibo, realizan la caminata en un acto de protesta pacífica que pone de relieve la necesidad de atención gubernamental a sus demandas.

El sacerdote Miguel Angel en el Palacio Nacional en el 2022 en reunión con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta.

El sacerdote Miguel Ángel Grullón dijo que las familias campesinas de la Asociación “Mamá Tingó” sufren desalojos de sus tierras y viviendas de un terreno que el extinto expresidente Joaquín Balaguer declaró de utilidad pública en 1975 con el Decreto 486 en el Paraje “La Culebra” de Vicentillo en la provincia de El Seibo.

“En 2016 el Instituto Agrario Dominicano (IAD) posicionó a 613 familias en el mismo lugar, pero el 6 de septiembre de 2018 el terrateniente pagó un desalojo que se llevó 212 casas y destruyó todos los sembradíos”, denunció el religioso quien ha acompañado a los campesinos en esta lucha.

Al resaltar la actitud pacífica de estos campesinos que, después de mucha oración peregrinaron al Palacio Nacional en 2019 y 2022 en reclamo a su derecho a su tierra que aún no ha sido concedida, dijo que están pasando mucha necesidad y maltratos constantes.

Hace dos años la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo acordó con una comisión de los peregrinos de El Seibo realizar un estudio sobre el status legal de los terrenos que fueron desalojados en septiembre del año 2018.

El sacerdote Miguel Ángel Grullón, quien ha acompañado a los agricultores en su lucha y estuvo en la reunión la en el despacho del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que, a raíz del estudio, podría haber una posibilidad de “iniciar el proceso de declaración de utilidad pública para que esas tierras se dediquen a la producción de alimentos”, lo que hasta el momento no ha ocurrido.

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