Más limitaciones legales para expresarse en el país

A partir de agosto de este año podría comenzar en el país una «operación mordaza».
Quien se equivoque podría ir a la cárcel con penas tan severas de hasta diez años.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigor en agosto, endurecerá las penas por difamación y amplía su alcance a plataformas digitales.
La legislación vigente establece penas de hasta un año de prisión, sin importar el medio en que se cometa la infracción. Estas disposiciones están contenidas en la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, el Código Penal actual y la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
A esto se agregan otras legislaciones que abiertamente conspiran contra la libertad de expresión. Grupos económicos han pretendido que los ciudadanos guarden silencio ante negocios con el Estado que van en detrimento de las finanzas públicas. Y desde el gobierno se impulsó la controversial ley que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con claras amenazas contra las libertades públicas.
Con la reforma, el delito de difamación eleva las sanciones y crea la figura de la difamación extorsiva. La norma abarca expresamente redes sociales, servicios de streaming, medios electrónicos, radio y televisión. Esto implica que publicaciones en plataformas digitales como YouTube u otras redes podrán ser objeto de persecución penal.
El artículo 208 define la difamación como la imputación pública de un hecho concreto que afecte el honor, la imagen o la dignidad de una persona, física o jurídica. La sanción será de dos a cinco años de prisión menor, además de multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
La difamación extorsiva, tipificada en el 209 se configura cuando la imputación se realiza con el objetivo de obtener beneficios o forzar a la víctima a actuar, omitir o tolerar una acción en su perjuicio.
El Código también establece excepciones, como discursos en el Congreso, documentos oficiales y actuaciones en tribunales, que no serán considerados difamatorios. Asimismo, reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos casos.


A esto se agregan otras legislaciones que abiertamente conspiran contra la libertad de expresión. Grupos económicos han pretendido que los ciudadanos guarden silencio ante negocios con el Estado que van en detrimento de las finanzas públicas. Y desde el gobierno se impulsó la controversial ley que crea la nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con claras amenazas contra las libertades públicas.