Más voces se suman pedido aplazar vigencia nuevo Código Penal

Más voces se siguen sumando para demandar que no se ponga en vigencia el nuevo Código Penal hasta al salir a relucir una serie de disposiciones que violentan derechos y amenazan con provocar graves trastornos al sistema de justicia.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) le ha pedido también al Poder Ejecutivo someter con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis del nuevo Código Penal.
La organización planteó que el presidente de la República impulse una modificación del artículo 393 de la Ley 74-25 para aplazar la aplicación del nuevo Código y abrir un espacio que permita corregir las inconsistencias detectadas mediante un proceso de consultas y consenso entre los distintos actores del sistema de justicia.
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán señala que la legislación presenta «ambigüedades, duplicidades e incoherencias» que, de entrar en vigor sin ajustes, afectarían la armonía del ordenamiento jurídico y comprometerían la correcta aplicación de la justicia penal.
La entidad considera que esas deficiencias podrían provocar conflictos interpretativos y vulnerar principios constitucionales esenciales.
La petición se produce en medio de un creciente debate jurídico sobre la calidad técnica del nuevo Código Penal.
En los últimos días, diversos penalistas, académicos, jueces y organizaciones especializadas han advertido sobre errores de redacción, contradicciones entre artículos, tipos penales superpuestos, vacíos normativos y disposiciones que podrían entrar en conflicto con la Constitución y con el Código Procesal Penal.
Finjus indica que el objetivo es evitar que una reforma llamada a modernizar el derecho penal dominicano nazca rodeada de incertidumbre jurídica.
A su juicio, un breve aplazamiento fortalecería la legitimidad del nuevo Código y contribuiría a que se convierta en un instrumento eficaz para garantizar la seguridad jurídica, el orden democrático y la convivencia pacífica en el país.
Además de las objeciones de técnica legislativa, el debate se ha intensificado por el tratamiento de la difamación e injuria.
Diversos sectores han advertido que el nuevo Código Penal mantiene una visión punitiva de los llamados delitos de prensa, con penas y sanciones que podrían convertirse en un mecanismo de intimidación contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que ejercen la crítica pública.
El punto más sensible es que la regulación penal de la difamación e injuria entra en tensión con la libertad de expresión y el derecho a la información, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público o de funcionarios sometidos al escrutinio ciudadano.
La preocupación no es la protección del honor, reconocida constitucionalmente, sino el riesgo de que figuras penales ambiguas o desproporcionadas sean utilizadas para castigar investigaciones, opiniones críticas o denuncias formuladas desde la prensa.
Ese debate refuerza la petición de Finjus: ampliar el vacatio legis permitiría revisar no solo errores técnicos, duplicidades e incoherencias, sino también disposiciones de alto impacto democrático, como aquellas que podrían afectar la libertad de prensa.


El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán señala que la legislación presenta «ambigüedades, duplicidades e incoherencias» que, de entrar en vigor sin ajustes, afectarían la armonía del ordenamiento jurídico y comprometerían la correcta aplicación de la justicia penal.