Ministerio Público confirma denuncia Leonel de espionaje con semáforos
Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final Digital)
El expediente elaborado por el Ministerio Público de la denominada Operación Camaleón termina dándole la razón al ex presidente Leonel Fernández cuando denunció que las cámaras del sistema semafórico instalado por el Intrant, estaban siendo utilizadas para espiar a los ciudadanos.
La orden de arresto indica que auditorías realizadas por las autoridades revelaron “que equipos destinados para la vigilancia del tráfico, como las cámaras “estaban siendo utilizadas para un esquema de espionaje ilegal dirigido por José Ángel Gómez Canaán y Carlos Peguero, entre otros. Estos individuos utilizaron la información recopilada para extorsionar a ciudadanos, representando una grave violación a la seguridad pública y la privacidad”.
El pasado 16 de septiembre el ex presidente Fernández Fernández denunció que el sistema del control de tráfico y red semafórica instalado por la empresa Transcore Latam podría estar realizando espionaje masivo, incluyendo al propio Palacio Nacional, lo que desde el gobierno se trató de minimizar, comenzando con el actual director del Intrant, Milton Morrison.
La orden judicial indica que Gómez Canaán compró en mayo de 2022 el dominio “Transcore.com.do” y que habría usurpado la identidad del alemán Jörg Brinkmeyer “para crear fraudulentamente Transcore Latam S.R.L. Posteriormente, utilizando correos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa en la República Dominicana”.
El documento indica que en julio de 2022 fue registrada Transcore Latam S.R.L. en la Cámara de Comercio de Santo Domingo, “aunque la investigación demostró que ni Brinkmeyer ni Michael Mauritz, representante de TransCore LP en Estados Unidos, tenían relación con esta empresa o sus involucrados”.
El documento señala que la trama avanzó tras la renuncia de Pedro Vinicio Padovani Báez como encargado del Centro de Control de Semáforos del Intrant el 30 de junio de 2022 y comenzó a trabajar con Gómez Canaán, una decisión que coincidió con la designación de Hugo Beras como director ejecutivo de la entidad. Tras la llegada de Beras, indica el documento, el proyecto fue suspendido “para incluir a las nuevas autoridades en la conspiración”.
Asimimo, el expediente refiere que el año 2017 marcó el inicio de un alegado entramado de corrupción que involucra al sistema de semáforos y de videovigilancia en el Gran Santo Domingo y por el que fueron apresadas siete personas, incluyendo el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras.
De acuerdo al expediente, en 2017 Jochi Gómez fue favorecido con varios contratos estatales en el país. Cita el otorgado a la empresa Dekolor S.R.L, de la que Gómez es co-gerente junto a Rogelio Ramón Oruña Aguilar, encargado de la emisión de licencias de conducir y que acumuló ingresos de más de RD$ 4,655 millones, cobrando RD$ 805.69 por cada una.
El documento cita, además, que, en 2020, Gómez “se benefició de un contrato ilegal, consistente en un Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S., aunque este contrato no figura registrado oficialmente”.
La orden de arresto indica que el proyecto de modernización del sistema de control de tráfico y la red semafórica, contemplado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones del Intrant, estaba presupuestado en RD$ 104 millones, sin embargo, “en enero de 2023, Hugo Beras, en coalición con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), establecieron una asociación criminal para desviar fondos”.
De 104 millones de pesos, el proyecto fue incrementado “sin justificación a RD$ 1,200 millones, un aumento del 1,053 %”. El documento señala que no existía documentación técnica ni financiera que justificara el costo del proyecto.
La orden de arresto indica que el proceso de licitación fue objeto de alteraciones que incluyeron, entre otras cosas, una reducción de los requisitos de experiencia para participar, pasando de 15 años a solo 1.
El documento detalla que “el número de controladores a nivel mundial requerido pasó de 15,000 a 1, y el mínimo de intercepciones se redujo de 40,000 a 1. Estos cambios fueron parte de una estrategia deliberada para facilitar la participación de la empresa en el proceso de licitación”.
La orden indica que, aunque Transcore Latam S.R.L. no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, fue favorecida con la adjudicación del contrato. Cambios adicionales en el pliego disminuyeron el peso de la oferta económica e introdujeron términos vagos sobre la instalación de equipos.
Falsificación de documentos y denuncias
La orden de arresto indica que los documentos presentados por Transcore Latam S.R.L., en el marco de la licitación, y que supuestamente evidenciaban los proyectos enlistados, “parecían ser impresiones de información extraída de sitios web en inglés”, además de las declaraciones juradas de ejecutivos de empresas de capital extranjero, como Transcore.
Tras la adjudicación, en junio de 2023, representantes de Sictranscore Latinoamérica presentaron una denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por alegada apropiación indebida y uso no autorizado de información que fue presentada como propia por Transcore Latam S.R.L. En su denuncia, los ejecutivos indicaron que Transcore Latams S.RL. se habría apropiado indebidamente de credenciales técnicas de su empresa para participar en el proceso licitatorio y que no se había autorizado el uso de dichos documentos.
El documento señala que miembros del comité de compras y contrataciones del Intrant, durante la gestión de Hugo Beras, habrían desestimado las opiniones de otros peritos, garantizando así que Transcore Latam S.R.L. no fuera eliminada del proceso de licitación, pese a no cumplir con los requisitos necesarios.