Ministerio Público conocía irregularidades Senasa 3 años antes del escándalo
La procuraduría general de la República conocía el robo en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) que se destapó a finales del pasado año, cuando fueron detenidos su director, Santiago Hazim y otros implicados, incluyendo empresarios según salió a relucir este viernes en el juicio del Caso Calamar.
La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, reveló durante la audiencia preliminar del caso Calamar que el Ministerio Público tenía desde enero de 2022 información financiera vinculada al empresario José Pablo Ortiz y a la empresa OGSS, relacionada luego con el caso Senasa.
Sin embargo no profundizó en esas indagatorias en ese momento, lo que evidenciaría «una actuación selectiva del órgano acusador».
En su intervención ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción, la abogada de Castillo, Laura Acosta, centró buena parte de su argumentación en el papel de José Pablo Ortiz, testigo del Ministerio Público en el caso Calamar, quien figura en el escándalo de supuesta corrupción que posteriormente estalló en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Acosta recordó que, según la acusación del Ministerio Público en el caso Senasa, Ortiz habría recibido 529 millones de pesos como parte del entramado, mientras que en el expediente Calamar, elaborado años antes, declaró que solo poseía un apartamento.
Según la defensa, esos recursos presuntamente fueron canalizados a través de una empresa denominada OGSS, constituida en el 2020.
La jurista afirmó que el Ministerio Público ya conocía la existencia de OGSS desde enero de 2022, tres años antes de que se destapara el presunto fraude en Senasa, y aun así no profundizó en la situación patrimonial de Ortiz ni en sus empresas cuando lo interrogó en el marco del caso Calamar.
«El Ministerio Público pudo haber investigado el caso Senasa hace tres años», sostuvo Acosta y cuestionó que el órgano acusador aceptara sin mayores reparos ni cuestionamientos la versión de los datos financieros de Ortiz en ese momento.
La defensa indicó que, en el interrogatorio de 2022, José Pablo Ortiz aseguró no tener empresas ni bienes a nombre de terceros, una declaración que, según mostró Acosta, fue firmada por los entonces titulares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y Yeni Berenice Reynoso, quien fungía como directora de Persecución.
Para la abogada, este antecedente demuestra que el MP contaba con elementos para indagar más a fondo la situación financiera de Ortiz antes de que estallara el caso Senasa , pero priorizó el caso Calamar
En ese sentido, Acosta advirtió que la forma en que el órgano persecutor ha manejado ambos expedientes pone en entredicho su actuación.
«Si el brazo persecutor de la justicia persigue de manera selectiva, no hay justicia», afirmó al insistir en que el estándar de investigación debe ser el mismo para todos los casos.