Ministerio Público, se excede con los de abajo y complace a los de arriba

Pide 7 años de cárcel para Elizabeth Silverio

El Ministerio Público, que llega a acuerdos abreviados con grandes corruptos y no es tan drástico con capos de las drogas que han traficado con cientos de kilos de cocaína o lavado millones de pesos del narcotráfico, ha pedido nada más y nada menos que 7 años de prisión para Elizabeth Silverio, por usurpar funciones de la salud.

Es el mismo Ministerio Público que no ha podido lograr condenas contra médicos que por mala práctica han matado a más de una paciente, el que quiere mandar a prisión a Silverio, quien operaba el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

Asimismo, el órgano acusador solicitó la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las pruebas ocupadas y la variación de la medida de coerción existente, al considerar que la imputada ya fue condenada en un primer juicio y enfrenta la probabilidad de una nueva condena, lo que incrementa el peligro de fuga, sumado a la gravedad del daño causado a varias familias y a toda la sociedad.

Un peligro de fuga que no existe para los imputados en los más sonados casos de corrupción que se ventilan en el país en estos momentos, ni para otros delincuentes que se pasean por las calles con aires de impunidad.

Durante la presentación de sus conclusiones, el órgano acusador, representado por la procuradora de corte Magalys Sánchez y la procuradora fiscal Laura Vargas, sostuvo que la procesada desarrolló un esquema de estafa en perjuicio de padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales exigidas y que regulan el ejercicio en dichas áreas.

El Ministerio Público explicó a la jueza Milagros Ramírez Cabrera que, tras tener conocimiento de los hechos, inició una investigación objetiva que permitió verificar que la imputada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer profesiones vinculadas a la salud, conforme certificaciones emitidas por universidades extranjeras, el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos y el Poder Ejecutivo.

El Ministerio Público destacó que dichas maniobras constituyen un hecho gravísimo, al tratarse de víctimas en condición de vulnerabilidad, por tratarse de niños que requieren cuidados especializados,  por lo que sus familias depositaron su confianza en Silverio Silien con la esperanza de encontrar soluciones.

En ese sentido, indicó que la conducta desplegada por la acusada se subsume en los tipos penales de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, en violación a los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 92, 93 y 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de Salud y el artículo 12 de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Tras la presentación de las conclusiones del Ministerio Público, así como de la parte querellante y la defensa, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, cerró los debates y se retiró a deliberar, fijando el fallo de la decisión para el próximo martes, 14 de abril de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde.

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