Muy pocos jueces destituidos a pesar de graves denuncias

Apenas siete jueces han sido destituidos por el Conejo del Poder Judicial en juicios disciplinarios a pesar de que la Inspectoría del Poder Judicial ha recibido en los últimos cuatro años 561 denuncias contra magistrados de distintos tribunales.

Los expulsados del tren judicial estuvieron involucrados en actos que afectaban la imagen del Poder Judicial, en sonados casos que tienen que ver con narcotraficantes y hasta por la emisión de cheques sin fondos y recibir sobornos.

En los juicios disciplinarios en el 2020, fueron destituidos, los entonces jueces Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, presidente y miembro, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.

En el caso de Pérez García y Díaz, la desvinculación respondió a una investigación abierta en 2017, con relación a la sentencia que ordenó un nuevo juicio a los imputados Winston Rizik y Nelson Rizik, procesados en Monte Plata por narcotráfico y lavado de activos. A los magistrados les fueron canceladas las visas de los Estados Unidos por hacer uso de sus funciones para beneficiar al narcotráfico.

Ese mismo 2020, también fue procesado Robert Antonio de Aza Batista, en ese entonces juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, quien se determinó actuó con parcialidad a favor de 37 personas beneficiadas con una sentencia que condenaba a Edesur al pago de dos millones de pesos por daños y perjuicio, al tirar una línea de cables en terrenos de los demandantes.

En el 2021 fueron cancelados los jueces: Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Yohan Carlos Morales Peguero, Juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia y Gregorio Antonio Rivas Espaillat, juez de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.

A Soriano Cisnero, la Inspectoría General le atribuyó incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, al valerse de su investidura para cometer acciones que pusieron en tela de juicio la imagen, credibilidad y buen nombre del Poder Judicial. La sentencia establece que recibió directamente o por otras personas, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura.

Morales Peguero fue acusado de cometer una falta disciplinaria grave relativa a su conducta en el ámbito laboral y el manejo de sus influencias jerárquicas para propiciar y conminar a relaciones íntimas o sentimentales con una empleada del tribunal al que pertenecía. Se dispuso, además de su cancelación, la inhabilitación para prestar servicios al Estado durante los cinco años siguientes.

Mientras Rivas Espaillat fue a juicio disciplinario acusado de realizar gestiones de procesos judiciales y extrajudiciales; exhibir en la vida privada una conducta que afectaba la respetabilidad de la función judicial al emitir cheques sin fondos e incumplir con la declaración jurada de bienes.

En el 2022, se desvinculó a Juan Miguel Pérez Gómez, al momento de ser tomada esta decisión, juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Valverde Mao, por alegadamente cometer irregularidades en la instrucción de los procesos de divorcio, aceptar o recibir, directa o por intermedio de otras personas, comisiones en dinero o en especie, gratificaciones o recompensas como pago de servicios inherentes al cargo que desempeña.

Sobre las destituciones de los jueces, Jacinto Castillo Moronta, inspector general del CPJ, aseguró que hasta con “indicios muy mínimos” de actos que impliquen carácter penal, los casos son remitidos al Ministerio Público.

“Nosotros los pasamos al Ministerio Público, que hagan o no hagan, no sé. Nosotros se los pasamos”, afirmó al tiempo de enfatizar que el ámbito de la Inspectoría es únicamente disciplinaria, no penal.