No surte efecto en tribunal campaña de Peralta para salir de Najayo
El ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, una de las piezas claves en el expediente de corrupción de la denominada Operación Calamar, fracasó este viernes en su nuevo intento por abandonar la cárcel de Najayo, para lo que sus abogados desplegan una intensa campaña de opinión y se ha puesto a firmar un documento para ablandar a los jueces que conocen el proceso.
Este viernes la jueza Ana Lee aplazó para el martes 7 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, la audiencia para revisar la medida de coerción contra el exministro José Ramón Peralta, involucrado en la operación Calamar, y conocer la solicitud de libertad de su defensa.
El licenciado José Ramón Peralta se granjeó el desprecio de amplios sectores nacionales por la soberbia con la que ejerció el cargo de Ministro Administrativo de la Presidencia durante el gobierno pasado, marginando a importantes dirigentes del PLD y a los amigos de antaño del entonces presidente Danilo Medina.
El Ministerio Público solicitó la prórroga para citar a una parte, así como a los representantes de la familia Mota, querellantes contra los implicados de la operación Calamar.
El abogado Martín Rubiera, representante de la familia Mota, alegó que fue citado para la audiencia ayer, mientras estaba en Puerto Plata.
La fiscal Rosalba García justificó la decisión del tribunal y la consideró un tema de derecho, porque no se notificó en el plazo adecuado a los querellantes.
Pedro Balbuena defiende que Peralta debe ser liberado porque lleva 226 días (desde el 19 de marzo) en prisión sin que un tribunal haya revisado su medida de coerción.
El Ministerio Público sostuvo este viernes que debe mantenerse la prisión preventiva al ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los principales imputados por corrupción administrativa en la Operación Calamar, al precisar que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de coerción.
La fiscal Rosa Alba García, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que, en la próxima audiencia, fijada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para el próximo martes 7 de noviembre, demostrarán por qué debe mantenerse la prisión preventiva al imputado.
“Para la audiencia del martes que viene nosotros vamos a plantear por qué todavía están dadas las condiciones que dieron lugar a la misma, pero ya eso se va a discutir el próximo martes 7, y el juez ponderará”, enfatizó, en respuesta a preguntas de periodistas de la fuente judicial que la entrevistaron a la salida del tribunal.
Sobre el aplazamiento de la audiencia, dispuesto por la jueza Ana Lee Florimón, dijo que se produjo para garantizar el debido proceso y que el Ministerio Público siempre está listo para conocer las audiencias.