Nueva ley Compras se la pone más difícil a funcionarios

La nueva ley de Compras y Contrataciones se la pondrá más difícil a los funcionarios del gobierno y legisladores que incurran en actos ilícitos vinculados a los procesos para negociar con el Estado.
A partir de este miércoles al entar en vigencia la nueva Ley se endurece de manera significativa el régimen de consecuencias contra la corrupción administrativa, estableciendo penas de hasta cinco años de prisión para funcionarios y legisladores
La normativa promulgada por el Poder Ejecutivo en julio de 2025 bajo el número 47-25, tipifica como delitos penales conductas como la manipulación de licitaciones, el tráfico de influencias, la colusión entre proveedores y servidores públicos, la adjudicación fraudulenta de contratos, así como también el uso indebido de información privilegiada para favorecer intereses particulares en detrimento del Estado.
El artículo 236 señala que, si una persona ofrece sobornos o beneficios indebidos a un funcionario o servidor público para que actúe o deje de actuar en un proceso de contratación pública en su favor o en favor de un tercero, esa persona puede ser sancionada con penas que van de 4 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 200 salarios mínimos del sector público.
El funcionario que intervenga de forma dolosa en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato violando el régimen legal de inhabilidades y prohibiciones para contratar con el Estado podrá ser encarcelado por un período de 2 a 5 años, así lo establece el artículo 234.
El mismo régimen de consecuencias se aplicará al servidor público que haga uso de su posición para influir en decisiones de contratación en beneficio propio o de terceros.
Asimismo, se multará con una cantidad de 20 a 50 salarios mínimos del sector público, y será inhabilitado para ejercer funciones públicas por un plazo no menor de cinco años, puntualiza el artículo 235.
El artículo 233 sanciona con pena de prisión de 1 a 3 años a cualquier persona, pero en especial a funcionarios, servidores públicos o proveedores que incurra en falsedad en las declaraciones juradas presentadas para inscribirse como proveedor del Estado o para participar en un procedimiento de contratación pública.
Las sanciones de cárcel no son las únicas que contempla esta Ley, ya que además están las multas económicas elevadas, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por períodos prolongados y la prohibición de contratar con el Estado, castigo que le será aplicado tanto a los responsables directos como para las empresas involucradas en prácticas corruptas.
Asimismo, la pieza establece que la persona jurídica que resulte imputable por los delitos contemplados en esta ley, independientemente de la responsabilidad penal de los particulares involucrados, será sancionada con una multa de entre 500 y 5,000 salarios mínimos del sector público y/o con la clausura definitiva de sus locales o establecimientos, previa intervención de una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
El nuevo marco legal también refuerza los mecanismos de transparencia y control, otorgando mayores facultades a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), como órgano rector del sistema de contrataciones.
A partir de este próximo miércoles la DGCP se encargará de supervisar, auditar y sancionar irregularidades, al tiempo que obligará a las instituciones públicas a publicar de manera detallada y oportuna todos los procesos de compras y adjudicaciones.
La normativa promulgada por el Poder Ejecutivo en julio de 2025 bajo el número 47-25, tipifica como delitos penales conductas como la manipulación de licitaciones, el tráfico de influencias, la colusión entre proveedores y servidores públicos, la adjudicación fraudulenta de contratos, así como también el uso indebido de información privilegiada para favorecer intereses particulares en detrimento del Estado.
