Nuevo DNI se convierte en una amenaza ciudadana
El Senado acaba de aprobar un controversial proyecto de ley, proveniente del Poder Ejecutivo, que ha provocado suspicacias entre juristas y sectores políticos porque da unos poderes a una Dirección Nacional de Inteligencia que vulneran derechos ciudadanos.
Según esa pieza, que ahora va a las manos del presidente Luis Abinader, se obligará a todas las personas físicas e instituciones públicas o privadas a entregar cualquier tipo de información al nuevo DNI que aglutinará a todas las agencias de inteligencia del Estado.
Aunque la obligación está consignada en el artículo 11 del proyecto, la Cámara de Diputados hizo una leve modificación al punto para que las informaciones se entreguen «protegiendo y garantizando el derecho a la intimidad y el honor personal».
Por el cambio que hicieron los diputados al referido artículo, el proyecto tuvo que ser devuelto al Senado, donde se aprobó esta semana.
La modificación citada la propuso el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien sugirió el cambio tras un acuerdo con los demás partidos políticos que se mostraban opuestos a la entrega de información a la nueva DNI.
El abogado Frank Jorge Olivares fue uno de los juristas que llamó la atención sobre lo que se ha aprobado en el Congreso Nacional.
«El Congreso Nacional aprobó una Ley para la Dirección Nacional de Inteligencia que es de suma preocupación. El artículo 11 de la Ley permite a esa Dirección obligar a instituciones públicas, privadas y particulares a entregar cualquier información que sea pertinente para cumplir sus funciones. Es una sombrilla muy amplia sin un contrapeso adecuado. Un Juez es el que debe autorizar a las instituciones públicas a obtener informaciones privadas. No podemos estar a la merced de un órgano de cuestionada integridad moral. Espero que el Presidente Abinader observe esa legislación o que, en su defecto, se apodere al Tribunal Constitucional.» advierte el jurista
El proyecto, que ahora solo está pendiente de promulgación y observación, transformará el Departamento Nacional de Inteligencia en una Dirección que estará dirigida por el Gobierno.
El artículo seis del proyecto de ley dispone que la DNI será el órgano coordinador del Sistema Nacional de Inteligencia y deberá guiar las actividades de Inteligencia y contrainteligencia relacionadas con la seguridad nacional que realicen los organismos militares, policiales y financieros del Estado, conforme al Plan Anual de Inteligencia.
A su vez, la iniciativa establece que la DNI estará bajo la dependencia del presidente de la República y le ordena prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresión a la Constitución, a las instituciones democráticas y a la seguridad nacional.
El sistema será un órgano centralizado del Estado y estará integrado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), unidades militares, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y los organismos estatales que por las informaciones que manejen puedan contribuir con el Sistema Nacional de Inteligencia.
El proyecto de la DNI estuvo en el Congreso desde el 2021, cuando el Poder Ejecutivo lo sometió al Senado. Perimió varias veces y fue asumido por los legisladores Milciades Franjul, Julito Fulcar y Pedro Tineo.
Tradicionalmente el DNI ha sido utilizado para el «caliesaje político», trabajando al margen de una verdadera política de Seguridad Nacional.