Oligarquía Perú no perdona triunfo primer presidente origen campesino
De ahí conspiración contra Pedro Castillo
Un año después de haber asumido el poder, el presidente peruano Pedro Castillo acumula seis investigaciones preliminares de la fiscalía, un caso inédito en la historia del país. Aunque suele enfrentar en silencio las críticas, el mandatario abandonó en las últimas semanas su habitual mutismo y se ha enfrentado al Ministerio Público, el Congreso y los medios de comunicación, a los que acusa de querer sacarlo del gobierno.
Castillo es el primer mandatario de origen campesino en 200 años de República independiente y llegó al poder con la promesa de acabar con la corrupción, delito por el que casi todos los presidentes de las últimas dos décadas están siendo investigados.
En paralelo a las investigaciones en su contra por supuestamente encabezar una organización criminal para obtener beneficios personales, la Fiscalía también ha buscado golpear el círculo íntimo del presidente: las autoridades señalan a la primera dama y a la hermana de ésta de ser parte del grupo que dirigiría Castillo. Autoridades ingresaron sorpresivamente hace dos semanas al palacio presidencial para detener a la cuñada del presidente Yenifer Paredes. Buscaron incluso debajo de la cama del mandatario y en los armarios de la alcoba presidencial, según una acta de allanamiento a la que tuvo acceso The Associated Press, aunque la joven se entregó un día después. La Fiscalía también pidió esta semana prohibir la salida del país de la esposa del mandatario.
¿SE PUEDE INVESTIGAR Y DETENER A UN PRESIDENTE EN FUNCIONES EN PERÚ?
La constitución peruana no indica de manera específica si se puede investigar preliminarmente a un presidente en funciones y hasta este gobierno, no se había iniciado ninguna indagatoria contra el mandatario en turno.
El artículo 117 constitucional menciona que un mandatario “sólo puede ser acusado” ante un juez por traición a la patria, cerrar el parlamento o impedir elecciones. La ley sí permite a un presidente disolver el congreso en caso que el parlamento le niegue la confianza a dos gabinetes.
En las últimas dos décadas, varios fiscales generales —citando el artículo 117— archivaron cinco denuncias para investigar preliminarmente a tres presidentes en funciones. Todo cambió en octubre de 2020 cuando una fiscal general abrió una investigación contra el entonces mandatario Martín Vizcarra, pero la congeló de inmediato hasta que finalizara su periodo presidencial. Vizcarra fue destituido por el Congreso un mes después. Tras dejar el poder, comenzó la investigación.
Con el presidente Castillo fue diferente. La nueva fiscal general Patricia Benavides dijo a inicios de julio que iría “tras la investigación de cualquier acto delictivo ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común” y que la justicia debe ser aplicada “caiga quien caiga”. La fiscal añadió que las investigaciones se iban a desarrollar “respetando el debido proceso”.
¿DE QUÉ SE INVESTIGA AL PRESIDENTE PEDRO CASTILLO?
La Fiscalía sostiene que Castillo es el presunto líder de una organización criminal que cometió diversos delitos. Cinco investigaciones fiscales están ligadas a la presunta existencia de este clan, mientras una sexta apunta a un presunto plagio de su tesis de maestría.
Las autoridades ya habían iniciado investigaciones a funcionarios de Castillo desde fines de 2021, pero no directamente contra el mandatario.
¿QUÉ PASARÁ CUANDO LA FISCALÍA TERMINE LAS INVESTIGACIONES?
El artículo 117 de la constitución peruana es claro en este punto y menciona que un mandatario “sólo puede ser acusado” durante su periodo de gobierno ante un juez por los delitos de traición a la patria, por cerrar el parlamento o por impedir elecciones.
Como ninguna de las investigaciones actuales se refiere a estos delitos, la Fiscalía sólo podría acusar a Castillo una vez que termine su mandato.
La fiscal tendría que enviar las acusaciones ante una subcomisión del Parlamento y si son aprobadas, entonces un juez podría juzgar al investigado.
El artículo 99 de la constitución, establece que un funcionario, incluido el presidente, puede ser acusado de delitos inclusive cinco años después de haber dejado el cargo.
El gobierno de Castillo está previsto que termine el 29 de julio de 2026.