Otra empresa privada emitirá la licencia de conducir

El director del Intrant aseguró que el gobierno tendrá el control absoluto de la nueva licencia de conducir que emitirá una empresa privada.
Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), dio a conocer la conclusión de la licitación para la emisión de las nuevas licencias de conducir, luego de una larga batalla legal con la anterior empresa que tenía el contrato.
«Esta licitación marca un antes y un después en la forma en que se emite y renuevan las licencias de conducir en la República Dominicana, por primera, el Estado dominicano tendrá el control absoluto del sistema de licencia de conducir, de los datos y del software que todos los ciudadanos aportan a través de la obtención de este documento», expresó el funcionario.
Además dijo que es importante resaltar que con este proceso el Estado dominicano se constituye al término de ese contrato como el dueño del software que de como resultado ese proceso de licencia, lo que antes no tenía.
«Este proceso que se lleva a cabo no le cuesta al Estado ni un peso de inversión. Recuerden que este es un proceso para la emisión de las licencias a través de la co-prestación del servicio, por lo que con el pago del servicio es que el Gobierno luego de recibir esos recursos, le da una respuesta al consorcio», explicó Morrison.
Sin embargo, indicó que con este proceso que se acaba de adjudicar y que los documentos estarán en línea, por primera vez el Estado dominicano, estará recibiendo beneficios que rondan los más de mil millones de pesos, donde esos beneficios entrarán a las arcas del Estado y podrán ser utilizado para cualquier tema que el gobierno dominicano entienda.
Señaló que a pesar de que el Gobierno no va a poner inversión recibirá múltiples beneficios para todos los dominicanos.
Se recuerda que este año Milton Morrison sometió en una querella contra la empresa Dekolor SRL, actualmente acusada de soborno.
El Intrant lanzó una licitación pública nacional abierta con acompañamiento de Dirección General de Contrataciones Públicas, el Banco Interamericano de Desarrollo (asistencia técnica internacional en la elaboción del pliego de condiciones), la Veeduría ciudadana y sociedad civil con la participación de las Universidades Intec, Unphu, miembros de la sociedad civil y expresidentes del colegio de abogados.
Hubo 422 consultas respondidas, las cuales fueron debidamente atendidas. A pesar de intentos de obstrucción (amparos, nulidad, recursos, incluso denuncias de soborno), el Tribunal Superior Administrativo (TSA) validó la legalidad del proceso.

