Otro caso de injusticia de la justicia dominicana
Mientras se otorgan condenas complacientes a peligrosos criminales, el sistema judicial dominicano sigue siendo injusto con los que menos pueden.
Lo puede documentar el caso del señor Ramón Batista, un hombre de 103 años, cumple una condena a la pena máxima en la prisión de Haras Nacionales, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.
Cuando tenía 95 años fue sentenciado a 30 años de prisión cuando tenía 95, de los que lleva ocho encarcelado.
Su delito, tentativa de homicidio agravado dictada por un tribunal, con el agravante de que no tiene a nadie que le de seguimiento a su caso.
Sin un familiar que le dé seguimiento, ni un área geriátrica en la cárcel para ser atendido, este anciano parece esperar la muerte en el desamparo.
Su caso fue dado a conocer por la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de Defensa Pública, que dirige Rodolfo Valentín, quien manifestó preocupación ante la situación de adultos mayores dentro de los centros penitenciarios del país.
Casos como el de Don Ramón pueden generar preocupación y debate sobre la proporcionalidad de la sentencia en relación con la edad y las circunstancias individuales del acusado.
En ese sentido, llamó a los jueces de ejecución de la pena a que consideren de manera humanitaria las solicitudes de cambio de régimen de cumplimiento de pena, dadas las condiciones deplorables de salud en las que se encuentran muchos de los privados de libertad.
Además de la situación de Don Ramón, la Comisión de Cárceles de la Defensa también evalúa los casos de privados de libertad que se encuentran con enfermedades terminales, como cáncer avanzado, diabetes y VIH con complicaciones pulmonares severas, así como un número significativo de personas con trastornos mentales que requieren atención especializada y continua.
La comisión manifestó que, en colaboración con el departamento médico de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios, se ha realizado un análisis detallado de los casos de personas privadas de libertad que podrían beneficiarse de una modalidad distinta a la privación de libertad, dadas sus condiciones de salud.
La referida comisión detalla que el objetivo de la evaluación es identificar casos de personas privadas de libertad que, debido a condiciones de salud o avanzada edad, requieren urgentemente ser considerados para excarcelación.