Pancho Alvarez defiende acuerdos con corruptos sector privado
El abogado Francisco Álvarez, mencionado en los acuerdos con acusados de corrupción para excluirlos de los expedientes ha considerado correcta la “estrategia” del Ministerio Público y dijo que permitirán descabezar la criminalidad organizada en el sector gubernamental.
“Es un mal decirle a una persona que admitió y confesó un crimen que no irá a prisión, pero es un mal menor en comparación a mantener intacta una estructura de criminalidad”, ha reaccionado Pancho Álvarez ante la andanada de críticas que han desatado esos acuerdos con los imputados, en su mayoría empresarios que se beneficiaron de la corrupción.
El miembro de Participación Ciudadana, cuya firma de abogados se dice que representó a corruptos de cuello blanco excluidos de los mediáticos expedientes del Ministrio Público, dijo que los casos que se ventilan en los tribunales se catalogan como crimen organizado porque tienen una estructura, y que el caso de los funcionarios se llama coalición de funcionarios, lo cual es sancionado penalmente.
Los que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público se comprometen no solo a regresar dinero, sino a testificar contra los demás imputados.
Sobre la petición de los abogados defensores de algunos de los implicados de participar en la audiencia de homologación de los acuerdos, destacó que, como estos no son parte de los acuerdos, no pueden estar presentes en las audiencias.
En cuanto al rechazo por parte de la defensa de las supuestas cabezas de los entramados de corrupción, el jurista consideró “obvio” que traten de desacreditar los acuerdos, “porque saben que el testimonio de los delatores premiados perjudicará” a sus clientes.
Argumenta que el criterio de oportunidad forma parte de las herramientas que el Código Penal pone en manos del Ministerio Público para combatir la criminalidad.
A juicio del abogado Pancho Álvarez, las defensas técnicas de los señalados como cabeza de los casos de corrupción están jugando a vencer los plazos y que, en el caso de los implicados en la Operación Medusa, quedan 10 meses para una sentencia de fondo.