Parece que quieren sacar de corrupción Senasa al empresario más beneficiado

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dispuso un peritaje a la prestadora de servicios a afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), propiedad del empresario Eduardo Read Estrella, para demostrar que ofreció lo contratado.

El magistrado designó al doctor Alejandro Fonseca Granda, médico miembro del Colegio Médico Dominicano, para que realice un peritaje médico-legal a las prestadoras de servicios propiedad del imputado, Khersun, S.R.L. y Deleste, S.R.L.

Esto, tras acoger la solicitud de peritaje y de designación del referido médico, presentada por el imputado a través de su abogado, Jorge López Hilario, para determinar que la prestación de los servicios a los afiliados fue dada conforme a la modalidad contratada y al cumplimiento de las obligaciones por parte de ambas entidades.

El imputado solicitó ordenar la realización de un peritaje médico-legal, documental, técnico y retrospectivo sobre la historia clínica electrónica de los servicios prestados por Khersun, S.R.L. y Deleste, S.R.L., a través de los puntos médicos, a los afiliados de SeNaSa, para determinar que la prestación de los servicios fue dada conforme a la modalidad contratada y al cumplimiento de las obligaciones por parte de las mencionadas entidades.

A dicho pedimento, el Ministerio Público no se opuso.

El jurista Jorge López Hilario, abogado de Eduardo Read Estrella, dijo que con la decisión del tribunal se ha cumplido con el mandato expreso de la ley.

«Esta parte ha ejercido las facultades que prevé la normativa procesal penal de, en la etapa de investigación, proponer las diligencias que entienda útiles, necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de la verdad, y así el tribunal lo ha considerado».

«Respetamos el rol y el trabajo de cada una de las partes. Entendemos que tenemos un Ministerio Público objetivo que cumple con la ley y un tribunal que es el control y el garante de los derechos fundamentales de las partes. Y en el ejercicio de ese derecho fundamental a la defensa y a la contradicción, el tribunal ha ordenado una diligencia procesal que es un peritaje, que es una facultad que tienen las partes», añadió.

Mientras que el abogado de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surún, y querellante contra los implicados en el desfalco a SeNaSa del caso Cobra, dijo que Eduardo Read Estrella fue favorecido con esa decisión, en violación al principio de imparcialidad del perito, y «peor aún, un médico determinando si los registros plantados en los servidores de sus compañías que fueron utilizadas para el fraude, desfalco del SeNaSa…».

«Eduardo Read Estrella, responsable de haber robado once mil quinientos millones de pesos, fue beneficiado con la designación de su perito. Él propuso a su perito, el doctor Alejandro Fonseca Granda, para que determine si él brindó o no los servicios. Esa decisión viola el principio de imparcialidad del perito, y peor aún: un médico determinando si los registros plantados en los servidores de las compañías de Eduardo Read fueron utilizados para el fraude y desfalco de SeNaSa».

«Un médico, en una actuación que nos sorprendió porque es el epitafio de la destrucción del proceso de SeNaSa. Eso va a facilitar la puesta en libertad», indicó.

“El perito designado es un perito médico de Eduardo Read Estrella para emitir un informe especial que prácticamente ya está hecho para facilitar la puesta en libertad de Santiago Hazim y el descargo de Eduardo Read Estrella”, manifestó, tras asegurar que el informe va a decir que los servicios fueron otorgados, en una actuación fraudulenta que nosotros calificamos de fraude procesal contra el pueblo dominicano.

“El Ministerio Público no se opuso a la celebración de ese peritaje ni a la designación de esa persona. El juez decidió que el señor perito de Eduardo Read Estrella, el señor Alejandro Fonseca Granda, realice una experticia de un historial médico electrónico”.

«Imagínense ustedes a un médico analizando registros electrónicos en una actuación que evidentemente tiene un fin: falsificar los elementos probatorios que faciliten la impunidad».

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