Participación Ciudadana desnuda la corrupción en el Senasa

La corrupción con el dinero de Senasa era extravagante según el informe rendido este martes por Participación Ciudadana.
La entidad emitió su séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, que se centró en el megafraude con los dineros del Servicio Nacional de Salud.
Indica que esa red de corrupción que operaban en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y que habría estafado a los afiliados con RD$19 mil millones, distrajo recursos del sistema público para la adquisición de vehículos de lujo, relojes valorados en RD$5,000,000 y botellas de whisky superiores a RD$100,000.
El informe, dedicado de forma exclusiva al denominado “Caso Santiago Hazim y compartes”, documenta la creación de una estructura de crimen organizado, que habría desviado fondos públicos y pagado sobornos por miles de millones de pesos,
Leidy Blanco, coordinadora de PC, explicó que el séptimo informe sobre casos de corrupción administrativa tiene como propósito ofrecer a la sociedad dominicana una visión clara y resumida de las investigaciones que lleva a cabo el MP, incluyendo los imputados, de qué les acusan y los delitos atribuidos.
Blanco señaló que el documento busca contribuir a la memoria histórica del país y evitar que los casos de corrupción queden en el olvido y como una herramienta de educación ciudadana sobre las consecuencias y el impacto de estas prácticas en la administración pública.
Según el movimiento, hasta el 2020, el SeNaSa era descrito como un modelo de gestión, pero de acuerdo con el documento, su deterioro comenzó con el inicio de la administración de Hazim, lo que dio paso a denuncias públicas y posteriormente a una investigación formal del MP.
De acuerdo al informe, entre los principales hallazgos consignados en la acusación figuran la obstrucción de la transparencia interna, la creación de programas especiales fraudulentos para recibir sobornos, la adulteración de los estados financieros y la distracción de fondos de SeNaSa, comprometiendo la solvencia de la institución.
Señala que el MP también sostiene la existencia de sobornos por más de cuatro mil millones de pesos y la utilización de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos desviados.
Según el expediente, a través del programa Nutrisalud y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que habría incluido entregas iniciales de RD$100 millones, transferencias por más de RD$ 529 millones, y pagos en efectivo por unos RD$536,000,000 y totales de RD$1,165,000,000 hasta el 2024. El informe revela que la acusación sostiene además, que servicios de atención primaria fueron monopolizados por un mismo grupo empresarial, mediante contratos, adendas y “pagos capitaros” sin adecuados mecanismos de fiscalización, generando sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.
En el plano financiero, el informe establece que durante la gestión de Hazim fueron alterados los estados financieros para ocultar la situación real de la entidad, incluyendo un subregistro sistemático de reservas técnicas, y que una comisión interna detectó posterior una diferencia que supera los RD$14,340,821,883, en reportes enviados al regulador.


De acuerdo al informe, entre los principales hallazgos consignados en la acusación figuran la obstrucción de la transparencia interna, la creación de programas especiales fraudulentos para recibir sobornos, la adulteración de los estados financieros y la distracción de fondos de SeNaSa, comprometiendo la solvencia de la institución.
Según el expediente, a través del programa Nutrisalud y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que habría incluido entregas iniciales de RD$100 millones, transferencias por más de RD$ 529 millones, y pagos en efectivo por unos RD$536,000,000 y totales de RD$1,165,000,000 hasta el 2024. El informe revela que la acusación sostiene además, que servicios de atención primaria fueron monopolizados por un mismo grupo empresarial, mediante contratos, adendas y “pagos capitaros” sin adecuados mecanismos de fiscalización, generando sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.