Participación Ciudadana le hace de nuevo el juego al gobierno
Con los fondos para partidos políticos

El movimiento Participación Ciudadana ha recibido una andanada de críticas este juevesl al oponerse a que el gobierno, cumpliendo con lo que dice la ley, le entregue los recursos que le corresponden a los partidos políticos que terciarán en las elecciones de mayo próximo.
La entidad, que recibe financiamiento desde el exterior, calificó como ilegal la decisión de entregar a los partidos fondos al considerar que esa decisión e tomó en beneficio de los mismos que «tienen potestad legal para hacerlas cumplir».
«Lo primero que el país debe tener claro es que el monto aprobado para financiamiento de los partidos en el presupuesto del 2024 no es producto de un error u omisión de ninguna de las partes involucradas. La realidad es que esa reducción, al igual que la que se aplica a otras doce instituciones o sectores, se ha venido produciendo año tras año, debido a que los ingresos del Estado no son suficientes para cumplir con todas las asignaciones que leyes especiales consignan para distintas instituciones», explicó la organización no partidista.
Además, agregó que todos los gobiernos de las últimas décadas, en acuerdo con el Congreso Nacional,» han tomado esa decisión porque no han tenido la voluntad ni de hacer una reforma fiscal para elevar considerablemente las recaudaciones, ni tampoco para buscar el consenso necesario para reformar las leyes especiales que consignan porcentajes fijos del presupuesto».
A estos planteamientos han salido al frente prominentes juristas, entre ellos el doctor Eduardo Jorge Prats.
«Este es uno de los documentos que pasarán a la historia dominicana de la infamia política. La organización civil que se supone defensora de los derechos democráticos, contra criterio de la JCE y del reticente gobierno, se opone a la legítima entrega de los fondos a los partidos» indicó el jurisconsulto.
A PC le parece totalmente razonable disminuir los fondos a los partidos en año electoral -y a salud pública en plena pandemia- al tiempo que le parece ilegal implementar un mecanismo presupuestario para solventar tal estado de inequidad electoral.

