Participación Ciudadana presenta otro informe expediente Medusa

La audiencia preliminar tuvo que ser aplazada 94 veces antes de que el juez Amauri Martínez pudiera tomar su decisión sobre el caso. enviando a juicio de fondo a los imputados.

El motivo principal de la dilación fue la decisión de que se leyera el expediente completo de 12,274 páginas, lo cual se tomó casi seis meses y provocó 45 aplazamientos. El Código Procesal Penal (CPP), solo manda a que en audiencia preliminar se lean las partes relativas a los hechos y su calificación jurídica, que solo tenía 1,300 páginas, que pudieron haberse leído en un mes.

La recusación de jueces sigue siendo utilizada para dilatar los procesos, llegándose en este caso no solo a recursar al juez, sino además a todos los jueces de la corte que debían decidir la recusación.

Como parte del observatorio de los casos de corrupción, Participación Ciudadana ha revisado el accidentado tránsito del caso Medusa en la etapa intermedia o audiencia preliminar. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otras 40 personas y 22 sociedades son imputadas de estafar al Estado por más de RD$6,000 millones de pesos.

El propósito de este informe es evidenciar lo que NO debe ocurrir en ningún caso en esta fase del proceso penal. Tal como estamos haciendo con otros expedientes, el caso Medusa ha sido sometido a un análisis detallado del proceso para medir la eficiencia del sistema de justicia y prevenir al país ante maniobras que pudieran derivar en situaciones que repitan la historia de impunidad de la corrupción que hemos vivido.

La audiencia preliminar fue aplazada 94 veces antes de poder colocar al juez Amauri Martínez en condiciones de tomar una decisión de enviar a juicio de fondo a los imputados, excepto a una. La audiencia preliminar está concebida para determinar la seriedad o no de la acusación y si la misma merece o no ir a juicio de fondo. “El juez vela especialmente para que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones que son propias del juicio” de fondo. “En cuanto sean aplicables, rigen las reglas del juicio, adaptadas a la sencillez de la audiencia preliminar” (Artículo 300 CPP).

“El juez dicta auto de apertura a juicio cuando considera que la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena”. El proceso debe conducirse con eficiencia y por eso, si el caso es enviado a juicio de fondo, el secretario del tribunal debe enviar la acusación y el auto de apertura a juicio a la secretaria del tribunal de juicio de fondo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación, es decir en un plazo de hora a hora.” (Artículo 303 CPP).

La primera audiencia en la fase intermedia del caso Medusa se celebró el 12 de agosto del 2022 y fue aplazada para permitir que los imputados tuvieran acceso a la acusación y las pruebas en formato digital, fijándose la continuación de la audiencia casi 4 meses después, el 19 de diciembre de 2022, en donde se volvió a aplazar para reponer los plazos para depositar los escritos de defensa, para lo cual el CPP otorga un plazo de 5 días. Sin embargo, el juez otorgó un plazo de 30 días para preparar las defensas y fijó la continuación de la audiencia para el 24 de febrero de 2023.

El 24 de febrero del 2023 el juez ordenó la designación de un defensor público a una de las sociedades imputadas y repuso nuevamente los plazos para la defensa. La audiencia continuó el 28 de abril y fue aplazada por agotamiento físico de uno de los imputados. En la siguiente fecha, el 12 de mayo, el imputado Alfredo Solano recusó al juez Martínez, por lo que hubo de aplazar la audiencia para el 2 de junio, donde se presentaron nuevos incidentes y hubo un nuevo aplazamiento solicitado por Jean Alain Rodríguez.

En la continuación de la audiencia el 9 de junio comenzó la lectura de la acusación, que tiene 12,274 páginas. Aunque el CPP solo manda a que se lean la parte relativa a los hechos y su calificación jurídica, que solo tenía 1,300 páginas, el juez decidió leer la acusación completa, que tomó desde el 9 de junio al 1 de diciembre de 2023, provocando un total de 45 aplazamientos.

En ese lapso de casi 6 meses de lectura de la acusación, hubo numerosos incidentes y aplazamientos, como en la audiencia del 20 de junio en la que la imputada Altagracia Guillén presentó excusa médica. Lo mismo hizo la imputada Cristina Jackson en la audiencia del 14 de julio, quien tuvo que ser separada del juicio.

En la audiencia del 21 de julio se separó del juicio a Felipe Fernández por razones de salud y el 28 de julio se aplazó para permitir a la imputada Mercedes Camelia asistir a un compromiso laboral. Por igual, el 15 de septiembre se aplazó para permitir al imputado Reynaldo de Jesús de los Santos asistir a la graduación de una hija y el 29 de septiembre se volvió a aplazar por situación de salud de Altagracia Guillén.

El 20 de octubre se separó del proceso a Gisell Molano y José Abbot y en la del 31 de octubre a Sean Hudson y Rosanna Pimentel, así como a las empresas Smart Logistic, Aero

Integral y DG Telecomunicaciones. El 10 de noviembre se aplazó para permitir al imputado José Santana asistir a la boda de su hija.

El 17 de noviembre se aplazó por razones de salud de Jean Alain Rodríguez y el 24 de noviembre por razones de salud de Estrada Jackson. El 1 de diciembre se separó del proceso a Comercial Viarios, Distribuidora Ropi y Ropalma y concluyó la lectura de la acusación. El 5 de diciembre hubo abandono de la defensa del imputado Ramón Lucrecio Burgos, y su nuevo abogado pidió y obtuvo el aplazamiento de la audiencia del 8 de diciembre para estudiar el caso.

En la continuación de la audiencia el 15 de diciembre, el imputado Félix Antonio Labrada recusó al juez Martínez y se aplazó para el 22 de diciembre. En esa fecha la Corte de Apelación no había podido decidir la recusación porque el imputado Labrada recursó también a todos los jueces de la Corte, por lo que el tema subió a la Suprema Corte de Justicia. La audiencia del 29 de diciembre hubo de ser aplazada porque la Suprema Corte aún no decidía la recusación, y por la misma razón se aplazaron también las del 5 y 12 de enero de 2024.

Ya rechazadas las recusaciones, en la continuación de la audiencia del 19 de enero del 2024, el imputado Labrada se presentó a audiencia sin su abogado, por lo que hubo de aplazarla para el 23 de enero. El 23 de enero se presentaron incidentes contra la presencia de la Fundación Alfredo Nobel como querellante y en las audiencias del 26 de enero y 2 de febrero todavía se concedieron nuevas reposiciones de plazos para proteger el derecho de defensa.

El 9 de febrero la Fundación Alfredo Nobel concluye al fondo y luego la audiencia se aplaza porque el imputado Alejandro Rosa no estaba preparado para iniciar su defensa. En las audiencias del 13 y 23 de febrero los imputados presentaron sus defensas y en la última se terminó más temprano para permitir que el imputado Jonathan Loander Medina se ausentara por el fallecimiento de un familiar. La audiencia del 1 de marzo se suspendió por razones de salud de Miguel José Moya y el 5 de marzo se separó del proceso a Cesarión Morel Grullón y a Constructora Morel Grullón y Asociados. El 8 de marzo se suspende por salud de Javier Forteza y el 12 de marzo se suspende por ausencia del abogado de Félix Rosario.

En las audiencias del 15, 19, 22 y 26 de marzo se siguieron presentando las defensas de los imputados y en la del 22 de abril se separó del proceso a Juan Martínez y se aplazó por razones de salud de Javier Forteza. El 5 y 12 de abril se aplazaron las audiencias por situaciones de salud de Altagracia Guillén e Isis Tapia.