Pegan fuego a viviendas en desalojos violentos en Luperón
Buscan apoderarse de terrenos
Por Williams Tell B.
Los desalojos violentos, con fuego para arrasar humildes viviendas, han continuado en Luperón de Puerto Plata, donde se libra una lucha por la voracidad de poderosos que pretenden adueñarse de terrenos con vocación turística, sacando a sus verdaderos propietarios.
Los grupos financiados por esos sectores, como en tiempos de la barbarie, están acudiendo a las comunidades con antorchas para reducir a cenizas las humildes viviendas de campesinos.
La más reciente escena se vivió en la comunidad de Barrancón, en Luperón, donde varias familias quedaron a la intemperie al ser incendiadas sus casas, acción que perpetraron elementos que se trasladaron en un camión, en lo que se involucra a un regidor de Altamira, el nombrado Cley Brito, la familia Tango y el Coronel de ese municipio.
Es una situación que se registra desde hace meses en Puerto Plata, en una conjugación de políticos, empresarios y ciertas autoridades militares para tomar terrenos como lo han hecho ya en La Ensenada y Punta Rucia, lugares que han despertado el interés de inversionistas turísticos.
En el epicentro de estos escándalos está el diputado oficialista por Santiago, Fausto Gregorio Domínguez, quien es procesado en la Suprema Corte de Justicia, acusado de violación de propiedad privada en esa zona de la Costa Norte.
Esta semana una jueza especial de la Suprema Corte, Vanesa Acosta, rechazó declarar nula la acusación en contra del legislador al acoger el pedimento del ministerio público y del abogado César Amadeo Peralta, quien representa a la querellante y constituida en actor civil Lucila Nelly Capellán Luna.
Asimismo, el tribunal aplazó para el 18 de marzo a las 9:00 de la mañana el conocimiento del juicio preliminar seguido al legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El aplazamiento de la audiencia fue presentado por la defensa del diputado, representado por el abogado Francisco Hernández, a fin de citar a declarar a sus testigos a descargo, en virtud al artículo 300 del Código Procesal Penal.
En La Ensenada, dominicanos y extranjeros que compraron legalmente terrenos, han sido desalojados violentamente por turbas armadas que se dicen al servicio del citado diputado por Santiago.