Peralta, del Palacio a Najayo junto con Donald Guerrero
Gonzalo Castillo con garantía económica
El más mediático de los expedientes de alegada corrupción instrumentado a pasados funcionarios del gobierno y empresarios, el de la denominada Operación Calamar, avanzó con la decisión de la jueza Kenya Romero de enviar por año y medio a la cárcel de Najayo a los ex ministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, mientras que se dictó prisión domiciliaria para el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo.
Peralta era el más influyente funcionario del Palacio Nacional en la pasada administración, a quien se le atribuyen muchos negocios aprovechando su privilegiada posición en el Estado.
Otros con prisión domiciliaria y garantía económica fueron Ángel Lockward, acusado de lavado de dinero y otros delitos graves, quien en reveló en medio de este proceso que aportó sumas cuantiosas para apoyar la candidatura del hoy presidente Luis Abinader, el ex director del CEA, Luis Miguel Piccirilo y el ex contralor Daniel Omar Caamaño.
La garantía económica que deberá pagar Gonzalo Castillo será de 20 millones a través de una compañía aseguradora. De los imputados, no recibió una alusión directa de los testigos utilizados por el Ministerio Público.
Mientras que José Ramón Peralta y Donald Guerrero cumplirán la medida en la cárcel Najayo Hombres.
La jueza Kenya Romero declaró el caso complejo y rechazó todos los pedimentos de las barras de la defensa.
ABOGADO DE PERALTA RECHAZA DECISION
Tras la decisión de la jueza, la defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, calificó de atropello la decisión imponerle18 meses de prisión preventiva a su cliente.
“Nosotros entendemos que, a pesar de que no tenemos la sentencia íntegra y motivada, ésta constituye la consumación de una atropello, puesto que la solicitud de medida contra nuestro representado estaba sustentada únicamente en delaciones premiadas que en esta fase no debe tener ningún impacto en términos de prueba”.
La declaración es del abogado Santiago Rodríguez, de la barra de defensa de Peralta, quien dijo estar a la espera de que se notifique la decisión de la jueza Kenya Romero, para determinar si proceden en apelación.
Peralta es señalado en el caso Calamar como alguien que habría solicitado y recibido recursos para el financiamiento de campaña, dinero que,según el Ministerio Público, era ilegal.
En la solicitud de medidas de coerción que presentaron ante el tribunal contra los 20 detenidos durante la Operación Calamar, los investigadores imputan al grupo ser parte de una estructura que estafó al Estado mediante presuntos procesos irregulares de libramiento de pagos por deuda administrativa resultante de expropiaciones de terrenos, así como por cobro irregular a bancas de apuestas y de lotería.
El expediente de la Operación Calamar ha sido criticado porque el Ministerio Público dejó fuera al empresario Mimilo Jiménez, una de las figuras principales de este escándalo, quien acordó colaborar con los fiscales, así como el diputado del PRM, Goris Moya y Frixo Messina, a quien se vincula con una de las principales figuras del partido de gobierno.