Persecución política sin precedentes en Ecuador
Persiguen juez liberó ex vice de Correa
La persecución política contra todo lo que huela al correismo en Ecuador sigue en ascenso, en un esfuerzo del gobierno de Guillermo Lasso por evitar que las elecciones sean ganadas por seguidores del ex mandatario Rafael Correa.
Ahora la fiscalía ecuatoriana, con el apoyo de la Policía, allanó una residencia del juez John Rodríguez, luego de restituirle los derechos políticos al ex-vicepresidente Jorge Glas, sentenciado por alegada corrupción.
«A pesar de los esfuerzos realizados desde la noche del viernes 9 de junio, hasta el momento, equipos especializados de la Policía de Ecuador –institución responsable de actuar en el tiempo de flagrancia– no han logrado ubicar al juez investigado», indicó la Fiscalía General del Estado.
El pasado viernes, el juez otorgó una medida cautelar para que Glas, exvicepresidente en el mandato presidencial de Rafael Correa pueda participar en las elecciones extraordinarias que se celebrarán el 20 de agosto.
Un día después, el movimiento correísta Revolución Ciudadana escogió a Glas como su candidato presidencial durante una convención en la provincia de Manabí, pero en el mismo evento el exvicepresidente declinó su participación para no poner en riesgo la inscripción de la candidatura y propuso a Luisa González y Andrés Arauz, como binomio, quienes finalmente han sido designados como candidatos.
Glas, de 53 años, se encuentra actualmente en libertad condicional tras haber salido de prisión el pasado 28 de noviembre y está a la espera de que la Justicia ecuatoriana unifique sus dos penas, de modo que sólo cumpla la más severa, lo que por el tiempo restante podría hacerlo fuera de prisión.
El exvicepresidente pasó cerca de cinco años encarcelado, desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2022, con un fugaz periodo de libertad de 40 días entre abril y mayo de 2022, mientras estuvo en vigor otra medida cautelar que causó gran polémica al ordenar su inmediata excarcelación.
Glas siempre ha rechazado todas las acusaciones y se ha declarado víctima de una persecución política mediante la utilización del sistema de justicia («lawfare»), al igual que Correa, que reside en Bélgica con la condición de refugiado.