PLD desmiente mejoría económica y dice hay más inflación

El Partido de Liberación Dominicana (PLD) externó su preocupación ante los elevados incrementos de precios de los componentes de la canasta familiar y el consecuente deterioro de la calidad de vida, sobre todo, aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Indicó que el incremento acumulado en el Índice General de Precios al Consumidor de agosto de 2020 a abril de 2025, equivalente a un 29%, no describe el profundo impacto negativo que han provocado los aumentos de precios de los bienes más perentorios para el bienestar de la población.
Un análisis de los diferentes grupos de bienes que componen la canasta familiar permite establecer que el grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, el más importante para las familias más empobrecidas, se incrementó casi un 50% en el mismo período indicado.
«Esto significó que el precio de los alimentos se aceleró un 68 % por encima del aumento promedio de los precios de los demás bienes y servicios que componen la canasta familiar. Lo anterior evidencia que la variación general del IPC no describe el sufrimiento de una proporción importante de las familias dominicanas a consecuencia de las alzas de precios y para las que, el renglón alimentos, constituye su prioridad fundamental», manifestó la organización opositora.
Argumentó que desde diciembre de 2020 a mayo de 2025, un grupo de alimentos esenciales de la dieta básica de los dominicanos han reflejado los siguientes aumentos de precios: arroz superior, de 23.2 pesos la libra a 42.4 pesos; habichuelas roja, de 68.3 pesos la libra a 92.0 pesos; el plátano verde de 23.6 pesos la unidad a 30 pesos; el pollo fresco de 60.5 pesos la libra a 80.3 pesos; la leche, de 76.7 pesos el litro a 94.6 pesos; huevos, de 5.9 pesos la unidad a 8.6 pesos; la papa, de 30.0 pesos la libra a 51.0 pesos; la yuca, de 19.5 pesos por libra a 29.0, la batata de 22.6 a 42.6, el ñame, de 46.7 pesos la libra a 86.9 pesos, entre otros productos, según el Ministerio de Agricultura.
Expresó que, con apropiado sarcasmo y sobrada razón, muchas familias describen los lugares de expendio de alimentos como “la casa del terror”.
Según la entidad, el comportamiento actual de los precios de los alimentos es consecuencia directa del desprecio que, aseguran, ha mostrado el gobierno hacia el sector agropecuario nacional. Critican las políticas improvisadas y las importaciones descontroladas de productos agrícolas, lo que —afirman— ha provocado una desestabilización en la producción local de rubros clave como arroz, habichuelas, carnes de pollo y cerdo, cebolla, papa y leche, entre otros. Sostienen que esta situación ha arruinado a un porcentaje considerable de productores nacionales.
La organización política advirtió que el aumento en los precios de los alimentos tiene un efecto particularmente negativo sobre la población más vulnerable, que destina la mayor parte de su presupuesto a la alimentación. A su juicio, esto refleja la incapacidad del gobierno para diseñar y ejecutar una política agropecuaria eficiente que garantice el abastecimiento suficiente y oportuno de alimentos en el mercado nacional, a precios asequibles.
Criticaron también el fracaso de varios programas lanzados por las autoridades, como Siembra RD, Combos del INESPRE y A Comer del Campo al Colmado, que tenían como objetivo reducir los precios y aumentar la producción agropecuaria, sin lograr resultados efectivos.
En respuesta a esta situación, informaron que el Comité Nacional de Salarios aprobó, a finales de febrero, un aumento del 12 % en el salario mínimo del sector privado no sectorizado, con efectividad a partir de abril, como una medida para mitigar el deterioro en las condiciones de vida de la población.
«Desafortunadamente para las familias dominicanas más pobres, correspondientes al primer y segundo quintil del ingreso familiar, la inflación acumulada desde febrero de 2023 —fecha del último ajuste a los salarios mínimos del sector privado— hasta abril de 2025 alcanzó en promedio un 7.5 %», señaló una organización al analizar el impacto de los precios sobre el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
Este nivel de inflación implica que el aumento real en los ingresos, es decir, descontando los efectos del alza de precios, será de apenas un 4.5 % en promedio para estas familias, una mejora considerada claramente insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, especialmente para quienes viven cerca o por debajo de la línea de pobreza.
Al evaluar el poder de compra de los salarios mínimos en las micro y pequeñas empresas, establecidos en RD$15,860.00 y RD$17,193.00, respectivamente, y compararlos con el costo de la canasta básica del primer quintil (RD$27,968.00), se evidencia un faltante mensual de RD$12,108.00 para el salario de microempresas, y de aproximadamente RD$10,775.00 para el salario de pequeñas empresas.
Este déficit se basa en las estadísticas publicadas por el Banco Central sobre el costo de la canasta familiar por quintiles de ingreso, y al cruzarse con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas sobre la distribución de ocupados por tamaño de empresa, se estima que cerca del 40 % de la población asalariada no puede cubrir el costo de su canasta básica.
Además, se indicó que el salario promedio del sector formal para los 2.3 millones de empleados registrados a diciembre de 2024 fue de RD$36,045.00, mientras que el costo de la canasta del tercer quintil —que abarca una parte significativa de la clase media— fue de RD$42,781.00. Esto representa un déficit cercano al 20 % para las familias con un único ingreso, situación que genera presión financiera y afecta su calidad de vida.
La organización advierte que este panorama alimenta el sentimiento de desilusión y desesperanza en la ciudadanía, como reflejan diversos estudios sobre la percepción pública.
También criticó lo que califica como un mal manejo del Gobierno, señalando que mientras la población enfrenta el alto costo de los alimentos —producto de errores en la política agropecuaria—, el Ejecutivo continúa endeudándose para financiar gastos considerados innecesarios, como publicidad, sueldos para empleados de baja productividad y otros desembolsos superfluos.