Por qué Jean Alain denuncia presión testigos y villanos favoritos

El ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez  asegura que en su proceso se verán personas admitir que incurrieron en alguna violación penal inculpando a alguien para salvar su propia culpa y otros presionados para que mientan.

Alertó sobre «un villano predilecto» y favoritismos al señalar que para cumplir la ley no hay que violentar la ley.

Asimismo, negó ayer que se haya enriquecido ilegalmente, como alega en la acusación del caso Medusa, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Expresó que en el expediente salta a la luz también de forma penosa el más que conocido contubernio del sector público y privado, develado con confesiones (que no constituyen pruebas) y verdades retorcidas para salvar a unos y culpar a otros, con acusaciones selectivas, como si la ley no fuera igual para todos, conforme lo establece la Carta Magna.

“Al leer la acusación filtrada, reconozco la vergüenza que sentí ante la narrativa de tantas barbaridades que les aseguro no he cometido y que aún falsas o distorsionadas respecto a mi participación o conocimiento, admito narran una pérdida del control operativo de la institución y un presunto mal manejo de la cosa pública que de comprobarse debe tener consecuencias”, indica el ex procurador, preso en Najayo.

Señaló que los delitos tienen autores, coautores y cómplices y que en el transcurso del juicio se escucharán a más de 300 personas admitir que supuestamente incurrieron en algún tipo de violación penal inculpando a alguien para salvar su propia culpa o en su defecto presenciarán que fueron presionados a mentir, lo que también genera consecuencias penales.

Indicó que la Carta Magna establece en su artículo 39 que la ley debe ser igual para todos, “sin un villano predilecto por venganza o un perdón e impunidad por favoritismo. Para cumplir la ley no debemos violar la ley y mucho menos quienes deben procurar justicia”.

El exprocurador manifestó que en el exhaustivo y errado análisis que hizo la Cámara de Cuentas a tres de sus declaraciones juradas (2012, 2016, 2020) no identificó enriquecimiento ilícito.

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