Presa Monte Grande agrava miseria agricultores Azua
La presa de Monte Grande, inaugurada en medio de la campaña electoral con una serie de obras pendientes, está provocando las inundaciones que debería evitar en los poblados de su área de influencia.
La denuncia la hacen agricultores de comunidades de Azua, a quienes el gobierno tampoco ha cumplido con la promesa de entregarle tierras para trabajar, luego de que sus predios quedaran sepultados por el lago de la presa en la que se invirtieron casi 700 millones de dólares.
Con el llenado de la presa se han inundado extensas áreas en el distrito municipal de Hato Nuevo Cortés, donde su gente vive de la agricultura.
El muro de contención de 2.2 kilómetros de ancho puede contener 350 millones de metros cúbicos de agua y apenas va por el nivel 177 de 197, según datos de las autoridades, y ya les ha afectado los cultivos en los parajes Boca de Mula, Manzanillo y Buey.
Patricio Matos, de 56 años, es uno de los perjudicados. El pasado jueves, él y otros agricultores no pudieron entrar a sus parcelas por la inundación. Ese día, intentaban salvar algunos racimos de plátanos, pero ya el exceso de agua los había dañado, señala.
Es decir, que, en vez de una ayuda, los nativos de la comunicad, perteneciente al municipio de Las Yayas de Viajama, ven la obra como la mayor amenaza que ha tenido este pueblo, fundado como un hato ganadero en los años del 1500 por el español Hernán Cortés. De ahí su nombre.
En el 2018, cuando se enteraron que serían afectados, se reunieron con ejecutivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y estos les informaron que el agua no daría problema; sin embargo, al día de hoy, proyectan que perderán siete viviendas y 3,000 tareas de tierra cultivable.
Matos se queja de que el Indrhi les paga 25,000 pesos por tarea, un precio insuficiente para ellos, pues estiman que en esa zona cada tarea cuesta entre RD$60 y 80,000 pesos.
Nelson Cordero, de 65 años, también pide auxilio al Gobierno, porque, según sostiene: “Se los está llevando satanás”.
Acusan a las autoridades de no tomarlos en cuenta para compensarlos con tierras de cultivos, como hicieron con los residentes de la parte sur de la presa, a quienes el Gobierno les construyó 390 viviendas y está en proceso de entregarles terrenos fértiles. Además, acusan a la gobernadora y a la senadora de Azua de no apoyarlos en su causa.