Principal cabecilla Operación Calamar, Donald Guerrero en libertad
El principal imputado en el expediente de corrupción de la denominada “Operación Coral”, el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, se va para su casa al variarle un tribunal la medida de coerción que lo mantenía en Najayo.
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso para el ex funcionario presentación periódica, impedimento de salida del país y deberá pagar cinco millones de pesos de garantía económica a través de una compañía aseguradora.
El exfuncionario es uno de los principales acusados en el caso Calamar, que incluye a otros 19 imputados, entre ellos a José Ramón Peralta, exministro de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.
La magistrada Doris Pujols, presidenta de la sala, y los jueces Rafael Báez e Indhira Montás conocieron un recurso de apelación interpuesto por Guerrero, quien lleva seis meses preso en la cárcel Najayo-Hombres .
Otro que guarda prisión preventiva es José Ramón Peralta, a quien se le ha rechazado en varias ocasiones la solicitud de variación de la medida de coerción.
A la supuesta red desarticulada en Operación Calamar se le acusa de estafar al Estado con más de 19,000 millones de pesos a través de pagos irregulares a través de la expropiación de terrenos al Estado.
Los otros acusados son Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación. También los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirilo y Claudio Silver Peña, respectivamente, y el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño.
Asimismo, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández. También, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
Por su parte, los abogados de Guerrero argumentan que con esta decisión se reconoce, aunque de manera tardía, que la imposición de la prisión preventiva constituía una medida “innecesaria”, “exagerada” y “abusiva”, ya que además de que el empresario tiene suficiente arraigo, no existe riesgo probado de que se sustraiga ni entorpezca el proceso que comenzó en octubre del 2020.
“En estos 3 años de investigación, el Ministerio Público ha sido testigo de los más de 40 permisos de viaje y 14 citaciones con fines interrogatorios que fueron cabalmente cumplidos. Donald Guerrero no necesita estar en prisión para someterse al proceso. Esa medida de prisión preventiva nunca pudo justificarse en Derecho”, expresó el abogado Eduardo Nuñez, quien pertenece a la barra de defensa del ex ministro de Hacienda.
Según la defensa de Guerrero “con esta decision se da un paso importante para seguir demostrando la plena inocencia del señor Guerrero de los cargos que injustificadamente el Ministerio Público le ha imputado violando el debido proceso y la constitucion.”
Arraigo y colaboración