Prioridades del gobierno y necesidades de la población
Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final Digital)
El presidente Luis Abinader ha iniciado su segundo mandato, promoviendo una serie de reformas, con énfasis en la Constitución de la República, relegando a un segundo plano problemas que ameritan toda la atención del gobierno, como el del sector eléctrico, que según han admitido desde las más altas esferas, no recibió las inversiones necesarias en los pasados cuatro años, para evitar los apagones que sufre en estos momentos la población.
La conformación de su nuevo gabinete no ha llenado las expectativas ni en su propio partido, en el que dirigentes y militantes esperaban caras nuevas, con el agravante de que se han incorporado al tren gubernamental personajes de muy poca aceptación, algunos involucrados en escándalos.
Es un gobierno nuevo, que se percibe como viejo, sin desmedro de funcionarios confirmados en este nuevo período como reconocimiento a su eficiencia y no por compromisos partidarios.
Los primeros pasos del accionar gubernamental parecen muy distanciados de las aspiraciones de la población que le dio su voto mayoritario al presidente Abinader para mejorar su situación económica, afectada por una inflación que no ha cedido en las proporciones de lo que quieren indicar las maquilladas estadísticas del Banco Central.
La crisis del sector eléctrico se ha agravado con el retorno de los molestosos apagones que eran cosas del pasado, saliendo a relucir la incapacidad para mantener a flote lo que estaba bien, por la carencia de elementales transformadores para garantizar el servicio, así como otras inversiones necesarias, que podrían superar los 600 millones de dólares según estimaciones del nuevo zar eléctrico del gobierno, el empresario Celso Marranzini, quien se ha cambiado la chaqueta en los últimos tres gobiernos (Leonel Fernández, Danilo Medina y ahora Luis Abinader) y que concentra en sus manos la mayor producción de energía con las plantas de Punta Catalina y la distribución de las EDES desde el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras.
La reforma y el Pacto Eléctrico se han limitado al aumento de la tarifa y no a corregir las millonarias pérdidas en el sistema de distribución y comercialización de la energía.
Esto, según los pasos que se han dado desde el Palacio Nacional, no es preocupación oficial, a pesar de las protestas que se han generado en sectores de la capital y pueblos del interior.
La prioridad es una Reforma Constitucional que nadie ha pedido, pero que desde el gobierno se empecinan en apresurarla en el Congreso Nacional, donde el partido oficial tiene un control absoluto, por lo que se ha sustituido el consenso por simples consultas realizadas con algunos juristas por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Ha extrañado ese afán por tocar la Constitución de la República, cuando desde la oposición, el hoy presidente Abinader encabezó junto con Leonel Fernández y otros dirigentes políticos, encendidas marchas y protestas para enfrentar el proyecto en esa dirección del entonces presidente Danilo Medina.
Los dominicanos de a pie y los que gozan de privilegios verían con buenos ojos que primero se aborden los problemas prioritarios, los que afectan el bienestar ciudadano y garantizan un clima de gobernabilidad, para lo que el presidente Abinader tiene en sus manos los mecanismos para materializar.
Hay que concentrarse en las actividades productivas, promover mayores incentivos para poner a producir el campo, mejorar la calidad de la inversión pública, para concluir importantes proyectos de infraestructura que se han abandonado por no darle continuidad a los asuntos de Estado, por la mediocridad que todavía caracteriza a la clase política dominicana.
La gente percibe que el gobierno marcha en otra dirección contrario a sus aspiraciones y es muy temprano para cultivar frustraciones.
El presidente Luis Abinader está muy a tiempo para sintonizar con el clamor popular, poniendo oídos en el corazón de la gente que confía en sus buenas intenciones y no de aquellos que se aprovechan de los privilegios del Estado para para ensanchar sus fortunas sin importar que se lleven de paso la reputación del mandatario, quien será, al fin y al cabo, el responsable de lo que se haga o se deje de hacer en su gobierno.