Privatizando la Policía Nacional.
Por Guillermo Tejeda
(Director Resumen Final de Noticias)
Vaya sorpresa. Los caminos de la «Reforma Policial» están dejando sus huellas, pero no los que se vendieron a la sociedad dominicana que sufre en carne viva los efectos de una delincuencia que no ha cedido a pesar de las estadísticas oficiales tratando de crear una precepción contraria.
En casi un centenar de reuniones de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana encabezadas por el presidente Luis Abinader o en su defecto por la Vice, Raquel Peña, no se ha logrado cambiar la cultura policial y mucho menos la desconfianza ciudadana en la institución llamada a garantizar la paz pública.
Lejos han quedado las promesas de terminar con la delincuencia en los primeros años de la primera gestión del presidente Abinader, con el «librito» del desacreditado ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien tiene a sus asesores en el país y no han podido transponer sus experiencias, lo que era de esperarse con dos sociedades muy distintas y marcos jurídicos muy diferentes.
Y es que la «Reforma» de la Policía Nacional no puede hacerse dándole de lado a quienes han echado raíces en la institución, porque el gobierno se ha inclinado por los «expertos extranjeros», ignorando a profesionales dominicanos, oficiales con vasta experiencia, tanto activos como retirados que pudieran estar aportando para tratar de que camine un proyecto que en los actuales momentos no vislumbra una solución al problema de la criminalidad.
Primero trajeron a un español, Pepe Vila, anunciado con bombos y platillos, con experiencia en otros países muy lejanos que nada tienen que ver con el calor caribeño…Dos años después lo despidieron al no conseguirse los objetivos propuestos.
El presidente Abinader siguió ignorando los recursos humanos criollos y contrató a otro extranjero, el ex general colombiano Luis García Hernández, quien tiene un año en el cargo y poco ha cambiado en la Policía que sigue sumergida en los mismos escándalos y deficiencias de antaño.
Lo cierto es que en la Policía Nacional y su proceso de «reforma» se vive una especie de Torre de Babel, donde se hablan varias lenguas que poco entienden quienes están en las calles haciendo el trabajo.
En poco tiempo se han implementado políticas exitosas en Nueva York, pero fracasadas en dominicana, políticas policiales europeas, pero que no han asentado por estos predios y la copia en estos momentos es a la colombiana, muy permeada por el narcotráfico, comenzando con los vehículos similares a los patrulleros de ese país y en breve vienen los uniformes.
Una «reforma» que avanza de manera exitosa en los negocios con el presupuesto policial, con millonarias compras de vehículos y avituallamiento que corren ahora por cuenta de privilegiados empresarios.
Los dos últimos decretos emitidos por el presidente Abinader relacionados con su reforma, le han puesto la tapa al pomo, aportando un grano de sal al descrédito de la Policía Nacional, al descalificar a sus hombres para administrar sus finanzas de lo que se encargarán empresarios del Conep, con múltiples obligaciones en sus empresas, pero que se «sacrificarán» para dedicar horas a la institución del orden.
El denominado «Consejo Consultivo para la Transformación Administrativa y Financiera de la Policía Nacional», tiene la misión específica de «crear un nuevo modelo de gestión que asegure la administración eficiente y transparente y su cabal cumplimiento por la institución y todas sus dependencias, conforme los principios rectores de la reforma policial».
Los premiados con el decreto 34-25 son los ex presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Viyella y Pedro Brache, el actual titular del CONEP, Celso Juan Marranzini, Marisol Vicens y Ramón Ortega. Ellos gestionarán el presupuesto de la Policía Nacional y como todo el mundo sabe, los empresarios dominicanos, con énfasis en su orgnismo cúpula, no son conocidos por anteponer sus intereses y negocios por encima del bien común.
Y algo que ha pasado desapercibido es que se aparta al Ministerio de Interior y Policía de esa comisión y se delega en el Ministerio de la Presidencia, lo que cuestiona la institucionalidad de la medida.
Son acciones encaminadas a privatizar a la Policía Nacional, donde reina un gran desaliento que recorre los pasillos del Palacio de la institución, donde los Generales, Coroneles y otros mandos solo esperan que transcurran los años para pensionarse y no ser parte activa de una especie de «guachimanes» en lo que se estaría convirtiendo su organización.
El tiempo se encargará de pasar balance a tanto esfuerzo fallido por la improvisación y el desconocimiento de una de las más importantes instituciones del país, que necesita votos permanentes de confianza y no acciones que han terminado desmoralizando a las tropas, a las que se les ha embullado con ajustes salariales, para asaltar su presupuesto y cualquierizar su jerarquía.