Procuradora emite instrucciones para tratar casos judiciales comunidad LGTB
A partir de ahora los fiscales tendrán que desplazarse hasta las residencias de las personas LGTBIQ envueltos en procesos judiciales para garantizarle mayor protección y evitar su revictimación, como parte de una serie de instrucciones que ha dado la procuradora general Miriam Germán Brito, entre la que figura dirigirse a los miembros de esa comunidad de acuerdo a la identidad de género que exprese.
En el artículo 6 de la instrucción que busca que el órgano persecutor priorice las investigaciones que involucren violaciones de derechos humanos a personas de poblaciones vulnerables, se establece el respeto a la identidad u orientación de género.
“Todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGBTIQ, debe dirigirse a su persona de acuerdo a la identidad de género que exprese. Siempre se debe guardar discreción sobre los datos revelados”, cita la resolución emitida a principios de este mes por la procuradora.
La instrucción de Germán Brito establece que las personas de poblaciones vulnerables, de acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia, son las que, por razón de su edad, orientación o identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran dificultades para ejercer a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Acorde a esta descripción, indica que se consideran poblaciones vulnerables los adultos mayores, migrantes, integrantes de la comunidad LGBTIQ, personas con alguna discapacidad física o mental, o cualquier condición personal o social que genere un riesgo de vulnerabilidad análogo.
La funcionaria ordena a los servidores del Ministerio Público “accionar con la debida diligencia y priorizar la atención a estas víctimas”, identificando el nivel de riesgo, y velar durante todo el proceso por el respeto a su privacidad.
Incluso, instruye realizar las diligencias a fin de reducir los desplazamientos de las víctimas a la sede de las fiscalías para garantizarle mayor protección y evitar su revictiminzación.
El artículo 5 de la instrucción establece la realización inmediata de las experticias técnicas y periciales del caso. Recomienda homologar las órdenes de protección dentro de las 24 horas siguientes de la emisión, y que éstas nunca sean entregadas por la víctima.
A su vez, contempla la asistencia legal para las víctimas de ser necesario a través del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
La Procuraduría considera caso de alto riesgo cuando la víctima tiene conocimiento de que su agresor la persigue, amenaza, asedia y/o posee armas de fuego. Ante esos casos, instruye las medidas cautelares urgentes, arresto y conducencia inmediata.