Procuradora Miriam Germán toca el tema de la corrupción privada

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito aseguró que en una sociedad en la que existan controles para que la corrupción pública y privada reciba las consecuencias esperadas, es donde puede decirse que hay seguridad jurídica para la inversión.

Indicó que ese concepto exige que la ley sea estable en el tiempo y  que los actores económicos puedan hacer predicciones seguras de su accionar.

Habló en una conferencia organizada por  la Cámara Americana de Comercio en Santiago donde tocó el tema de la persecución de la criminalidad y la corrupción administrativa, tema que dijo, es la prioridad de su gestión.

Ponderó que  “la seguridad jurídica, sin duda, impone deberes a los poderes públicos, pues esta constituye un valor instrumental para garantizar la libertad y la igualdad, así como para crear un clima social que propicie la libre empresa y la inversión extranjera”.

Para ello dijo que es necesario contar con un sistema judicial independiente, en el que no existan injerencias e intromisiones de ningún tipo”,.

“El reto que tiene ante sí el Ministerio Público es procurar justicia conforme a Derecho, consciente de los reclamos de la sociedad, pero sin dejarse arrastrar por la arbitrariedad o el abuso de poder”, apuntó.

Favoreció que el fiscal escuche lo que gritan desde las gradas, pero dijo que debe tomar una distancia prudente, para ejercer la acción penal de manera cuidadosa y respetando las garantías del debido proceso, en aras de asegurar mayor credibilidad y obtener resultados cónsonos con los valores del Estado de Derecho.

Resaltó que bajo su gestión se han hecho importantes esfuerzos para investigar y perseguir los grandes y no tan grandes casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público, siempre en estricto apego del debido proceso.

“Aquí entran las figuras del comiso y extinción de dominio, vitales a la hora de capturar el dinero malversado, sobre la base de una propiedad que carece, en principio, de protección constitucional”, declaró.

“Aprovecho la ocasión para destacar que, como procuradora general, he procurado intervenir lo menos posible en la operatividad de los casos, los grandes y los pequeños, sin importar a quienes involucren. Bajo mi gestión, el margen de actuación de los fiscales es libre y amplio, siempre asumiendo las consecuencias que sus acciones puedan tener”, manifestó la magistrada Germán Brito.

“En todo caso, ha sido más prioritario generar un clima de apego a las normas éticas y disciplinarias que gobiernan la función, apostando por un rol de fiscalización moderado a través de instrucciones generales y requerimientos de informes de actuación”, agregó.

Expresó que es menester establecer las sanciones adecuadas en las normas especiales, y, más importante aún, mostrar un alto grado de probabilidad de condena de las conductas corruptas. “Partimos de la concepción de que una respuesta eficiente del aparato de justicia penal puede contribuir a una mayor conformidad a las normas”, dijo.