Procuraduría amenaza periodistas para que callen sus acuerdos

En una abierta amenaza contra periodistas y medios de comunicación que han criticado sus acuerdos con empresarios imputados en alegados casos de corrupción, con los que ha negociado impunidad, la Procuraduría General de la República ha advertido que tomará «medidas cautelares».

El argumento del Ministerio Público dirigido por la doctora Miriam Germán Brito, es que busca detener lo que califica como campañas de descrédito que a su juicio, son financiadas de manera ilícita.

Mimilo Jiménez, uno de los principales beneficiarios de los acuerdos del Ministerio Público en los expedientes de corrupción.

La amenaza de la procuraduría se produce en momentos en que periodistas han denunciado una serie de acuerdos con imputados en sus mediáticos expedientes de corrupción, que van en detrimento del Estado, saliendo a relucir el grupo de abogados contratados para hacer el mismo trabajo que por ley corresponde al Ministerio Público, por lo que obtendrían jugosas ganancias.

La procuraduría defendió los acuerdos conseguidos con imputados en casos de corrupción sonoros que han recibido el cuestionamiento ciudadano.

Las amenazas se acentúan después de que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, dijo estar preocupado por «el compromiso de luchar contra la corrupción» en la República Dominicana, pues tiene la visión de que aquí se va «en contra de la oposición».

Las palabras de Cardin surgieron en la audiencia de confirmación como embajador de Juan Carlos Iturregui, quien busca ser nombrado en el país.

El Ministerio Público calificó de deshonesto y poco profesional que se le cuestione «de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales».

La declaración sostiene que «pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente».

Agrega que «es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobbistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos».

Indica que «estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos».

Sostiene que el MP «no contrata opinadores para que mientan en su favor, ni manipula la verdad por intereses particulares. Sus acusaciones son públicas en la etapa procesal correspondiente y están disponibles en los tribunales para cualquier ciudadano que las quiera leer».

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