Procuraduría, opacidad y Libertad de Expresión
Ha sorprendido que desde un Ministerio Público que debería velar por el respeto a los derechos ciudadanos, se amenace el libre ejercicio periodístico, violentando principios consagrados como la Libertad de Expresión, con el propósito de acallar las opacidades de acuerdos arribados por los fiscales y abogados particulares, contratados en una “cruzada” contra la corrupción que tiene a sus depredadores del erario favoritos.
Aunque se ha tratado de “aclarar” que las medidas cautelares con las que ha advertido la Procuraduría General de la República, no tienen como objetivo a los medios de comunicación y a los periodistas, lo cierto es que esa amenaza se produjo después de que Julio Martínez Pozo pusiera en evidencia unas negociaciones con empresarios encartados en los mediáticos expedientes de corrupción, que han saltado de villanos a héroes.
Un entramado judicial en el que el papel del Ministerio Público ha sido suplantado por un grupo de abogados contratados por el Estado para hacer el trabajo que por ley corresponde a la Procuraduría, por lo que estos letrados se llevarían millones de pesos del pastel de la corrupción.
Todos estos acuerdos se habían ido realizando con un gran secretismo, hasta que el periodista Martínez Pozo lo puso en evidencia con nombres y apellidos de quienes, luego de beneficiarse, según el mismo Ministerio Público, con la corrupción atribuida al pasado, negociaron para quedarse con millones, devolviendo migajas al Estado, con la garantía de “seguir ligando” en los negocios del gobierno.
Se ha pretendido colocar una mordaza para que los periodistas no osen denunciar este accionar de un Ministerio Público que ha pretendido colocarse por encima de un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas: La libertad de expresión, requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
La Procuraduría ha ignorado que la libertad de expresión es una de las condiciones para la transparencia que pregona, pero que no ejerce.
Ese derecho, consagrado el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que describe sus elementos fundamentales como derecho consustancial a todas las personas es de suma importancia, para defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son la garantía para impedir abusos del poder y proteger los derechos y prerrogativas ciudadanos.
Lo ha ignorado un Ministerio Público que pretende erigirse en el regente de la ética en la República Dominicana, amenazando con “medidas cautelares” a quienes cuestionen sus actos o traten de contradecir el guión que se ha elaborado en su lucha contra la corrupción, que como bien ha dicho el presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos, Ben Cardin, solamente persigue a la oposición.
En mi caso particular, me ha decepcionado el actual Ministerio Público encabezado por la doctora Miriam Germán Brito y no por estos amagos dictactoriales.
Ha sido una gestión en la que se lanzaron por el abismo del olvido casos importantes que se esperaban serían resueltos como asesinatos por encargo, por ejemplo, poniéndole un freno a la impunidad.
Para este Ministerio Público no hay otra tarea que perseguir la corrupción del pasado, ignorando la del presente y engavetar los crímenes de sangre que estremecieron a la sociedad dominicana, con lo que evade procesar a los cabecillas de las redes del narcotráfico vinculadas con los actos de sicariato.
Han protagonizado en los últimos cuatro años un circo, con el que han entretenido a una parte de la población, en el que sus protagonistas no se han preocupado de mirar la sangre derramada, en una política criminal que prioriza en los bienes materiales de los imputados y no en la sed de justicia de una sociedad que ya se siente defraudada con un Ministerio Público manipulado más que nunca por un Poder Ejecutivo que tira la piedra y esconde la mano.