Procuraduría tenía retenido avión de Maduro desde mayo
La procuraduría general de la República había dado la orden de incautar el avión presidencial de Venezuela desde el mes de mayo, pero había guardado silencio en una operación en la que estaban involucradas varias agentes del gobierno de Estados Unidos.
El gobierno dominicano también colaboró con las autoridades norteamericanas para que culminara con éxito la incauatación y posterior envío a Miami de la aeronave que estaba en un hangar del aeropuerto internacional de Higüero, desde el pasado 19 de mayo.
La retención de acuerdo a la cadena CNN, estuvo en base a sanciones estadounidenses que pesaban sobre Venezuela.
La aeronave es un jet privado de color blanco con rayas azules y rojas, con matrícula J7 ESPERT, y se encontraba estacionado dentro de un hangar del mencionado aeropuerto.
Momentos después que el avión arribara a suelo dominicano en mayo pasado, se recibió información de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que se disponía la retención de este sin que trascendieran los motivos, aunque luego el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) explicó que obedeció a un problema judicial.
“Lo que nosotros tenemos entendido es que las causas de la retención de este avión han sido por asunto meramente judicial”, expresó la fuente en ese momento.
Otra de las versiones suministradas por el aeropuerto en ese entonces, fue de que el avión tenía problemas con la documentación, razón por la cual la PGR se encontraba validando la autenticidad de los mismos.
Todavía no hay confirmación oficial sobre lo sucedido, un presunto decomiso que se dio después de que Estados Unidos determinara que la adquisición de la aeronave “violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales”, apunta la cadena de televisión.
FUNCIONARIOS RD GUARDAN SILENCIO
Este lunes ni la ministra de Interior, Faride Raful, ni el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general Florial Suárez Martínez quisieron abordar el tema a pesar de los requerimientos de los medios de comunicación.
Raful aseguró que se trata de un tema de seguridad nacional.
“Eso es un tema de defensa nacional, ya ha hablado el general y eso está en manos de las autoridades competentes”, indicó.
Se refería al comandante de la Fuerza Aérea quien se limitó a informar que el caso fue llevado por la Procuraduría General de la República.