Procuraduría trata de sacar del hoyo al presidente Cámara de Cuentas
Le archivan expediente de acoso
El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez se autodefinió como “un preso de confianza” por las irregularidades durante su gestión en la que ha sido acusado de acoso por empleadas, pero la Procuraduría General de la República no ha visto una conducta punible y archivó de manera definitiva la querella presentada por las mujeres afectadas.
La investigación fue realizada por los procuradores adjuntos Fernando Quezada e Isis De La Cruz.
En sus recomendaciones consideraron que Ramírez no violó la ley, a pesar de los escándalos que se han suscitado en la Cámara de Cuentas durante su gestión lo que ha sido conocidos por una comisión especial de la Cámara de Diputados que recomendó un juicio político contra los integrantes del organismo fiscalizador.
Indica la investigación que luego de analizar los testimonios de las querellantes, se pudo establecer que no existió en las conversaciones de Ramírez “orden, amenazas, intimidación, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, de forma expresa ni tácita”.
Además, sobre las extracciones realizadas a los teléfonos celulares, asegura la PGR que “no se puede establecer que hayan existido promesas de mejoras laborales o permanencia en el empleo que pudieran catalogar los hechos como acoso sexual”.
“En los próximos días vamos a impugnar, vamos recurrir atacar esa decisión. Un recurso de objeción por ante Vanessa Peralta juez de la instrucción. No estamos de acuerdo con esa decisión”, dijo el abogado de las querellantes Francisco García.
A juicio de la defensa de las querellantes, el Ministerio Público se equivocó en la valoración de los hallazgos.
Los investigadores indicaron en sus conclusiones, que la conducta exhibida por Janel Ramírez, es “contraria a la ética en el trabajo, altera la línea de jerarquía y respeto dentro de una institución pública”, llamada a modelar los principios y valores de respeto, sin embargo, dicho comportamiento “…no configura un tipo penal en RD”.
García espera que el archivo del expediente sea revocado por un juez de instrucción especial en la Suprema Corte de Justicia.
“Asume el criterio que aunque esa falta sea cometida no llegan a concretizar el acoso sexual sino acoso laboral. Nosotros entendemos que eso es acaso sexual”.
“Es un elemento que tiene una conducta de público conocimiento, pero fíjense como algunas diligencias el MP no lo hacía o lo hacía de forma limitada”, argumentó García.
La acusación fue presentada por Virginia Correa Jiménez y Bella García Paulino, ambas empleadas del Departamento de Asuntos Jurídicos del órgano fiscalizador, a quienes el presidente de la CC acosaba según sus abogados, con interés sexual.