Promulgan nueva ley sobre bienes incautados

El Poder Ejecutivo promulgó este sábado la Ley núm. 60-23, para la administración de bienes secuestrados, incautados, y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio.

La ley establece una serie de principios que rigen la administración de todos los bienes sujetos al ámbito de su aplicación, entre los cuales se encuentran el principio de transparencia y publicidad, principio de eficiencia y economía, principio de objetividad, principio de igualdad y principio de jerarquía.

Entre las novedades que trae consigo está la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Hacienda, como órgano responsable de la administración y destino de los bienes.

El INCABIDE estará conformado por un Consejo Directivo, con funciones normativas, deliberativas y de control, y una Dirección Ejecutiva, con funciones administrativas. El referido Consejo Directivo estará integrado por el ministro de Hacienda, quien lo presidirá, el Procurador General de la República, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el director ejecutivo del INCABIDE, quien fungirá como secretario del Consejo Directivo con voz, pero sin derecho a voto.

Por su lado, en el artículo 25, la ley indica una vez que el Ministerio Público practique la incautación o secuestro de bienes, de manera directa, o previa orden judicial, según corresponda, procederá a la entrega al INCABIDE de dichos bienes, con determinadas reglas y excepciones, como ocurre por ejemplo con las drogas, armas y municiones incautadas, secuestradas, decomisadas o cuyo dominio haya sido declarado extinto, que permanecerán bajo el control del Ministerio Público, quien procederá con estos de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Con relación a los bienes incautados o secuestrados, se indica que INCABIDE, por razones de interés público o por necesidades de desarrollo de investigaciones criminales, podrá conceder el uso institucional provisional a entidades públicas bajo las condiciones y con excepciones previstas en las leyes.

Como manifestó el presidente Abinader al remitir la propuesta normativa al Congreso Nacional, esta ley ajusta sus disposiciones a los mandatos Constitucionales actuales, a la reciente ley de extinción de dominio, y al interés y compromiso de la presente Administración con el fortalecimiento institucional y el incremento de los niveles de transparencia y eficiencia administrativa.

Botón volver arriba