Protestan en Mao por apresamiento de cuatro jóvenes médicos

Agentes policiales y fiscales apresaron, esposaron y pasearon a cuatro jóvenes médicos de Mao, vinculadas por el Ministerio Público al registro ilegal de defunciones que tiene como cabecilla al señor Máximo Mendoza.
También fue detenida una alcalde pedánea del municipio de Esperanza.
Las imputadas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, médicos de profesión, así como Yluminada Altagracia Uceta, quienes fueron arrestadas con orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde a donde acudieron.
En la población de Mao han protestado por el trato que le han dado a las cuatro jóvenes profesionales de la salud, indicando que fueron sorprendidas en su buena fe y que son personas que trabajan en centros de atención primaria con los más pobres.
El presidente del Colegio Médico en Valverde, Juan Carlos Santos, calificó como una «desconsideración» la forma en que las autoridades han manejado el caso.
Advirtió que el gremio se mantendrá vigilante para que se respeten los derechos de las profesionales de la salud durante el proceso judicial.
El órgano persecutor adelantó que las acusadas serán sometidas a la justicia en las próximas horas y que pedirá la declaración de caso complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.
Máximo Mendoza, principal imputado del caso, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde.
El Ministerio Público indicó que estableció, con diferentes evidencias ante un tribunal, que el imputado registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano persecutor agregó que Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer los hechos delictivos, que ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de este 2025, afectando los sistemas de salud y registral.
Según se ha establecido en la acusación, con la acción, el imputado pretendía dañar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas pendientes. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral, y una sexta que solo registró en el Ministerio de Salud.
«Los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequatur para ejercer la profesión, entre ellos, las cuatro arrestadas. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos en diferentes unidades de Atención Primaria de Valverde que necesariamente no tenían conocimiento de las actividades del señor Mendoza.
Los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral (JCE), y Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde), están a cargo del caso.
El Ministerio Público ha establecido en el proceso que uno de los aspectos comunes encontrados en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social.
Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (2,100 pesos), destinados a cubrir necesidades básicas.
Sostiene que el imputado, «aprovechándose de la precariedad de estas personas», supuestamente les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social.
El expediente agrega que en los casos en que no podía cobrar, recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
En este caso, el Ministerio Público dice que cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
Al grupo se les acusa de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 146, |147 y 148 del Código Penal Dominicano y los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.

